La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortaron a las autoridades venezolanas a propiciar “un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades” de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el país, según un comunicado conjunto.
Ambos organismos emitieron un comunicado conjunto en el que condenan los ataques recientes a periodistas, medios de comunicación y activistas de derechos humanos en Venezuela, donde, a juicio de las Naciones Unidas, el gobierno nacional ha cometido crímenes de lesa humanidad.
“Estos acontecimientos contribuyen con el ya vertiginoso cierre de los espacios democráticos en el país, por lo que llaman al Estado a propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales”, reza el documento.
Tanto la CIDH como la Relatoría Especial denuncian allanamientos a sedes de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria. Entre ellos, destacan la detención hace tres semanas de cinco miembros de la ONG Azul Positivo, que colabora con las Naciones Unidas.
Citan, asimismo, el allanamiento “sin orden judicial” de funcionarios de las agencias de telecomunicaciones y servicios tributarios de Venezuela en la sede del canal de televión VPItv, en Caracas.
Los agentes estatales incautaron cámaras televisores y computadoras portátiles, “lo que conllevó a que VPItv suspendiera sus operaciones”, precisan. La CIDH y la Relatoría Especial también tomaron nota de una sanción, ese mismo día, contra el diario zuliano Panorama, que debió cerrar sus oficinas por 120 horas.
Ambos organismos denuncian en su comunicado conjunto que en Venezuela existe “una escalada de estigmatizaciones” contra la labor de la prensa.
Mencionan en esos casos los ataques desde páginas y cuentas en Twitter contra el diario digital Efecto Cocuyo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Centro de Justicia y Paz, la ONG Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad y Transparencia Venezuela.
“La CIDH y su RELE han observado el incremento de señalamientos y discursos estigmatizantes, por parte de altas autoridades del Estado, en contra de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela”, remarca el texto.
Estigma oficial
Los organismos también hallan “especialmente preocupantes” los comentarios que insinúan, desde instancias “asociables a las fuerzas de seguridad del Estado”, que la prensa es enemiga del Estado venezolano debido a su financiamiento extranjero. Esa práctica compromete la vida e integridad personal de los periodistas y crea un “clima adverso” para su labor, afirman.
El documento publicado este viernes pone en relieve el anuncio de investigaciones contra la prensa por su cobertura del naufragio ocurrido en el estrecho marítimo ubicado entre Venezuela y Trinidad y Tobago en diciembre pasado, hecho por la ministra del Interior y Justicia, Carmen Meléndez.
“Con este tipo de declaraciones, se crea un doble efecto inhibitorio: por un lado, se amenaza con la utilización del derecho penal por difundir contenidos incómodos para el gobierno y, por el otro, se insinúa que los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad en lo sucedido”, indican.
La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan a todo funcionario público en Venezuela que debe abstenerse de realizar declaraciones que “estigmaticen” o sugieran que defensores de derechos humanos cometen acciones indebidas “solo por el hecho de realizar labores de promoción y defensa” de esa materia.
“Las obligaciones del Estado en relación con las personas defensoras y el derecho a defender los derechos humanos guardan relación directa con el goce de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y de asociación, las garantías judiciales y la protección judicial”, recuerdan.
El comunicado de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se conoce la misma semana en que una investigación de varias ONG revelara que los ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos aumentaron 157 por ciento durante el año de la pandemia.
