Activistas de derechos fundamentales recibieron la votación, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, como una “buena noticia”.
Con 22 votos a favor, tres en contra y 22 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó que la Misión de Determinación de Hechos continúe investigando las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela durante 2 años más.
Esta misión señaló recientemente a altos funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Rafael Uzcátegui, coordinador de la Organización No Gubernamental Provea, asegura que la decisión significa “la derrota de la estrategia” del gobierno en disputa, que según dijo, pretendía convencer a la comunidad internacional de que su acuerdo de trabajo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos era suficiente para mejorar la situación en el país.
“Las decisiones de hoy son una buena noticia para las víctimas que es el centro de actuación de estos mecanismos internacionales”, expuso.
Asegura además que con ello, las “víctimas del país tienen mayor esperanza de alcanzar justicia” y ratifica que ante la “ausencia de una real voluntad política del gobierno para detener los abusos”, hay que mantener e intensificar la presión diplomática sobre Venezuela.
Uzcátegui valoró que Venezuela está actualmente más respaldada.
“Está aislando cada vez más al gobierno de Nicolás Maduro, sus iniciativas en Naciones Unidas cuentan con menos respaldo que hace un año y con la abstención de países que hasta hace poco no dudaban en mostrar públicamente su apoyo al autoritarismo venezolano como es el caso de México", afirmó. El activista agregó que funcionarios del gobierno en disputa reaccionaron asegurando que el mecanismo de monitoreo elabora informes “falsos, sin rigor científico” y sin consentimiento del pueblo.
Por su parte el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, dijo que se comprometían a continuar el diálogo con la oficina de Michelle Bachelet , pero que desconocen cualquier otro tipo de "mecanismos paralelos" a los que acusó de ser "un grupo de gobiernos injerencistas".
