Con un delantal, Olga Mata, de 72 años, aparece en un video de TikTok preparando arepas, una comida tradicional venezolana a base de maíz que suele ser rellena de queso o algún tipo de carne.
De fondo, un audio pregunta de qué están rellenas. Entre sus respuestas, se refiere a Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, como “la viuda”, nombre común de la arepa sin relleno.
“Esa todavía no está viuda”, dice el audio de fondo. “Pero eso es lo que todos deseamos”, responde Mata.
El juego de palabras y la mención de funcionarios del gobierno venezolano, usando la sincronización de labios común de la red social, le valió a Mata una orden de detención por parte del Ministerio Público del país, una acción que según los críticos atenta contra la libertad de expresión.
“Dictada orden de aprehensión contra Olga Mata y Florencio Gil Mata: por el delito de PROMOCIÓN AL ODIO acordado por el Tribunal… Dichos sujetos instigaban al asesinato de personalidades públicas”, publicó el 14 de abril el fiscal Tarek Saab en su cuenta de Twitter.
El video, del que se desconoce la fecha original de publicación y fue eliminado de la cuenta de TikTok de Mata con 159.000 seguidores, se hizo viral el fin de semana tras ser difundido en la red social de Twitter.
El martes, la organización no gubernamental Espacio Público, que trabaja casos de libertad de expresión en el país sudamericano, publicó en su página web sobre el caso de Mata, señalando que “todo ciudadano puede ejercer su derecho a la libertad de expresión, en su dimensión individual y social, grabando y difundiendo videos a través del humor, sin que sea motivo de detención ni delito”.
La acción judicial se apoya en la controvertida Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por una Asamblea Constituyente de mayoría oficialista, la cual establece penas de prisión de 20 años a “quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas”, se lee en la ley.
En 2018 dos bomberos de Mérida, un estado andino del país, fueron detenidos y acusados por las autoridades de “incitación al odio” por un video en que llamaron “Maduro” a un asno. En 2019, un funcionario policial fue detenido tras publicar un insulto a una alcaldesa en un estado de la mensajería de WhatsApp.
El caso de los bomberos sigue abierto, con medidas cautelares, dijo a la AP Mayda Hocervar, abogada y directora de un observatorio de derechos humanos de Mérida.
Según Espacio Público, desde 2017 se han registrado 45 casos usando la cuestionada ley contra personas que expresaron sus opiniones en redes sociales.
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