Las fuerzas de seguridad de Venezuela abusaron sistemáticamente de los manifestantes opositores detenidos durante los meses de disturbios políticos que causaron docenas de víctimas mortales a principios de año, denunció Human Rights Watch el miércoles.
Algunas de las más de 5.000 personas detenidas fueron víctimas de golpizas, abusos sexuales o recibieron descargas eléctricas en lo que, según un reporte del grupo en defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York, es un nivel de represión "nunca visto en Venezuela en la historia reciente".
"Los abusos despiadados y generalizados contra opositores del gobierno de Venezuela, incluyendo atroces casos de tortura, y la absoluta impunidad de los atacantes sugiere una responsabilidad gubernamental al más alto nivel", dijo José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch. "Estos no son casos aislados o excesos ocasionales de oficiales corruptos".
Cientos de miles venezolanos tomaron las calles en abril después de que la Corte Suprema, controlada por el gobierno, despojó al Congreso, en manos de la oposición, de sus últimos poderes.
Aunque el fallo fue rápidamente revertido ante el aluvión de críticas internacionales, las protestas casi diarias aumentaron en un ambiente de disconformidad con el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro por la elevada tasa de criminalidad del país, la inflación desorbitada y la escasez de alimentos y medicinas.
Al menos 120 fallecieron durante los disturbios. Las protestas se disiparon tras la elección de una Asamblea Constituyente progubernamental que gobierna con poderes casi ilimitados.
Haciéndose eco de conclusiones previas del máximo responsable de derechos humanos de Naciones Unidas, el reporte es el más extenso hasta la fecha sobre las denuncias de abusos y torturas a los detenidos que circularon durante las manifestaciones antigubernamentales.
Aunque las dramáticas imágenes de policías y soldados cargando contra jóvenes se emitieron en todo el mundo, se sabe menos sobre los miles de personas que fueron arrestadas y lo que ocurrió con ellas durante su detención, lejos de los medios de comunicación y los supervisores de derechos humanos.
El gobierno de Maduro ha negado las denuncias de tortura y acusó a los manifestantes jóvenes de instigar la violencia mientras buscaban derrocar a un presidente elegido democráticamente.
"La estrategia utilizada contra mi país desde ciertos centros de poder es un claro ejemplo del uso de los derechos humanos como arma política", dijo Jorge Arreaza, ministro venezolano de Exteriores, ante el consejo de derechos humanos de la ONU en septiembre. Rechazó las acusaciones de abuso calificándolas de "mentiras infundadas".
Human Rights Watch reconoce que algunos manifestantes emplearon cócteles incendiarios y morteros de fabricación casera en los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad. Pero la mayoría de los abusos descritos en su reporte no forman parte de los esfuerzos para contener la violencia en las calles.
Junto a Foro Penal, un grupo de derechos humanos venezolano, HRW documentó 88 casos con 314 personas que describieron haber sido víctimas de un uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
En algunos de los relatos, los detenidos dijeron haber sido obligados a comer alimentos que contenían excrementos, ceniza de cigarrillos o insectos. Otros contaron que se lanzaban gases lacrimógenos en los lugares cerrados donde estaban retenidos.
En un caso, un hombre que fue detenido en su casa por policías que no llevaban uniforme dijo que, estando desnudo, le pusieron unos grilletes en tobillos y muñecas que estaban enganchados a una cadena que colgaba del techo. Según contó, después lo colgaron, lo mojaron con agua y recibió descargas con una vara larga de metal.
"Nos pidieron que te demos 440, pero como eres una niñita te daremos 220", le dijo supuestamente un agente, refiriéndose al voltaje.
Los investigadores entrevistaron a más de 120 personas y examinaron evidencias que corroboraron las denuncias como registros médicos y declaraciones oficiales. Human Rights Watch señaló que no desveló los nombres de los testigos por temor a que pudiesen sufrir represalias.
Human Rights Watch no halló pruebas de que funcionarios de alto nivel tomasen medidas para evitar o castigar las violaciones.
