Julio Castro, médico infectólogo y miembro de la comisión de salud del Plan País, presentó detalles que complementan un informe divulgado por la Organización Mundial de Salud la semana pasada, el cual revela que el 51% de los casos de malaria registrados en América Latina durante 2019 ocurrieron en territorio venezolano.
De acuerdo a Castro, actualmente hay alrededor de “un millón 500.000” casos de malaria y destaca que la propagación de la enfermedad es en parte consecuencia de la crisis económica que se registra en el país.
Castro, profesor de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, explica que en la búsqueda de sustento varios grupos de personas se han trasladado hasta el sur del país donde se ha incrementado la minería ilegal. Según el médico, el municipio Sifontes del estado Bolívar, concentra el “60% de los casos de malaria en Venezuela”.
“Pasan por ese municipio un millón y tanto de personas al año, que vienen de otras partes del país a hacer minería para obtener dinero para regresar y comprar la comida, eso tiene varias implicaciones, uno que la causa del aumento de la malaria tiene que ver con la movilidad de gente de diferentes partes del país a zonas mineras y lo segundo es que esas personas pueden regresar a su casa con parásito en su sangre y ese parásito, la malaria es un parasito que llega a su sangre, puede activar un foco y se han activado focos”, indicó el doctor Castro.
El médico señala que los últimos dos años de tratamiento y estrategia contra la malaria fueron implementados a raíz de una donación del Fondo Global, ente relacionado con el sistema de Naciones Unidas. Calificó de inadmisible que el gobierno en disputa no haya “comprado tratamiento antimalárico” ni refleja inversión en estrategia de control de vectores.
Ciudadanos consultados por la Voz de América como José Gregorio dicen no tener mayores detalles sobre la enfermedad pero muestra preocupación ante la falta de información oficial.
“Al no tener una información uno no se va a cuidar muchas veces, es preocupante la falta de información”.
El gobierno en disputa no se ha referido a estas denuncias, ni ha reaccionado al más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud.
