El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó el lunes que presentó ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) los fundamentos de su apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó reanudar la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.
A finales de junio, el fiscal de la CPI, Karim Khan, fue autorizado a reanudar la investigación con el argumento de que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
“Desde el año 2018 Venezuela ha denunciado y demostrado que el proceso iniciado ante la Corte Penal Internacional tiene una clara motivación política y se inscribe dentro de la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por potencias extranjeras, sobre la base de una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, precisa un comunicado divulgado el lunes.
El recurso de apelación, según el comunicado, argumentó que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en seis “errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales” del Estatuto de Roma.
“Entre las graves violaciones denunciadas, se alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares desechó -sin fundamento- la mayor parte de las pruebas presentadas por Venezuela que demuestran la profusa y productiva labor del sistema de justicia en la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos acaecidos en el país. Además, las pocas pruebas valoradas por dicha Sala fueron seleccionadas por la fiscalía de la CPI en prejuicio de Venezuela”, continúa el texto.
En su decisión divulgada en junio, la Sala de Cuestiones Preliminares reconoce que Venezuela “está tomando algunas medidas de investigación”, pero subraya que“sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la fiscalía”.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
Posteriormente el gobierno de Nicolás Maduro pidió un aplazamiento de la investigación.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Durante su tercera visita a Venezuela en junio, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país, tal y como se había acordado en marzo del año pasado.
Las funciones de la oficina en Caracas están orientadas a la capacitación y formación de funcionarios venezolanos, como parte de los mandatos establecidos en el Estatuto de Roma.
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