El gobierno de Venezuela celebró el jueves la sentencia esta semana de un tribunal portugués que ordenó a la entidad financiera Novo Banco desbloquear más de 1.350 millones de euros que reclamaba el gobierno del presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición pide que pasen a un fondo de atención social.
El Tribunal Civil Central de Lisboa en Portugal, ordenó a Novo Banco devolver a varias entidades, entre ellas Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco de Desarrollo Económico (Bandes), 1.352.739.694,68 euros que, de acuerdo al gobierno, se encontraban “ilegalmente retenidos” en la entidad bancaria.
“La decisión del Tribunal Civil Central de Lisboa constituye una clara y contundente victoria del pueblo venezolano frente a la estrategia de desconocimiento de la institucionalidad republicana, impulsada por poderes internacionales y actores de la vida política nacional, con el propósito de apropiarse de recursos que son de todos los venezolanos y causar sufrimiento a la población”, sostiene un comunicado del gobierno de Maduro divulgado el jueves.
Los fondos se encontraban bloqueados en Portugal luego de que, en enero de 2019, argumentando que el proceso en el que en 2018 Maduro obtuvo la reelección fue “fraudulento”, la Unión Europea desconoció al gobierno de Maduro y dio reconocimiento al dirigente opositor, Juan Guaidó.
Guaidó actuó como presidente encargado hasta enero de este año, cuando 72 diputados del Parlamento de mayoría opositora de 2015 votaron para disolver el interinato y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos.
El gobierno de Maduro ratificó el jueves que continuará ejerciendo “todas las acciones a su disposición tanto en el ámbito jurídico como diplomático” para “restituir” los derechos sobre los recursos que le pertenecen y que están “ilegítimamente bloqueados” en entidades financieras extranjeras.
William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, reconoció que el gobierno aún no tiene acceso a los recursos.
“Abre una nueva etapa, no es que este dinero va a llegar aquí mañana, porque efectivamente Bandes está sancionado y es el propietario de los recursos, pero sin duda es una victoria judicial que nos permite sentar un precedente para la lucha que tiene Venezuela jurídica, política y judicial”, dijo en una entrevista con el canal del Estado Venezolana de Televisión, el miércoles.
Fondo social
La presidenta del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, exigió que los fondos liberados por Portugal sean asignados al fondo de atención social acordado por el gobierno de Maduro y la oposición en los diálogos en México el año pasado.
“Estos fondos deben ser trasladados únicamente al fondo social, según lo acordado en México a través de las negociaciones y que en este caso la administración de estos recursos le corresponda a la ONU”, precisa un texto publicado el jueves por la Asamblea Nacional de 2015.
En ese sentido, la institución se ofrece a llevar a cabo gestiones ante la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC) y el gobierno de EEUU para que los fondos sean dirigidos al fondo social gestionado por la ONU.
“Bajo ningún contexto estos recursos deben trasladarse al régimen de Maduro, que ha demostrado una y otra vez que se ha robado el dinero de los venezolanos y podemos poner como ejemplo todo el desfalco que hubo en PDVSA”, subraya el texto.
Maduro ha acusado a la oposición de no cumplir con el acuerdo firmado en México debido a que los fondos no han sido liberados, pero la oposición niega un incumplimiento y ha insistido en que no hay lapsos establecidos para la liberación de recursos, en lo que asegura estar trabajando.
El oficialismo y la Plataforma Unitaria firmaron en noviembre del 2022 un acuerdo para crear un Fondo de 3.000 millones de dólares para la Atención Social con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela.
El gobierno condiciona el regreso a la mesa de diálogo a la liberación de los fondos, el levantamiento de sanciones, la libertad del empresario colombiano Alex Saab y el cese de “políticas de ataques” a través de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya fiscalía recientemente obtuvo autorización para reiniciar la investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El Novo Banco de Portugal dijo que sus abogados están estudiando el fallo, reportó Reuters.
Novo Banco dijo a Reuters que el Tribunal de Justicia del Distrito de Lisboa se había pronunciado en respuesta a la solicitud del prestamista para "aclarar las dudas existentes sobre la representación legal de las entidades públicas venezolanas".
Sobre si pensaba apelar o transferir el dinero a Venezuela, el banco respondió a Reuters que "Novo Banco y sus abogados están analizando los efectos prácticos de la sentencia".
Con reporte de Reuters
