Venideras elecciones legislativas, el sistema judicial del país y la violencia que vive la nación suramericana. Estos son algunos de los focos de la actualización del informe Bachelet para Venezuela.
Se trata de la segunda entrega, en versión oral, que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, hace luego del informe presentado en julio sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, tras su visita a Caracas.
La Alta Comisionada aprovechó este nuevo pronunciamiento para presentar, después de meses de trabajo de campo y con dos representantes en el país, algunas impresiones sobre la crisis de la nación suramericana.
El primero documento presentado por la expresidenta chilena fue rechazado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y considerado por la oposición como un respaldo a todo lo que por años han venido denunciando. En esta oportunidad no ha habido pronunciamiento del oficialismo, pero ha sido recibido con preocupación por la oposición.
Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, designado por el presidente interino, Juan Guaidó, afirmó a la Voz de América que, si bien Bachelet destaca en algunos puntos la ayuda de organismos oficiales, en esta actualización Venezuela sale “raspada” y muestra que no se ha avanzado en materia de derechos humanos.
“Simplemente esta actualización lo que revela es (…) la continua y sostenida violación del régimen (de Nicolás Maduro) de los derechos humanos”. Afirma la importancia de que Venezuela “hoy está bajo la lupa” del sistema internacional de protección de DD.HH.
Este punto también lo destaca Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, quien afirma a la VOA que este documento lo que hace es resaltar la necesidad de presión de la comunidad internacional para que se respete la dignidad humana y los derechos básicos en la nación suramericana.
Uzcátegui señala que además “ratifica las sentencias”, los acuerdos de los informes anteriores y “los compromisos que hasta ahora no se han cumplido”.
¿Qué dice sobre la justicia venezolana?
“Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”.
En los últimos tres meses, “mi Oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena”.
“Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens”.
Para Uzcátegui, cuando la Alta Comisionada menciona al sistema de justicia en el país, lo que hace es ratificar la necesidad de un sistema “de naturaleza democrática” y la presencia de “omisiones graves” en esta materia.
¿Qué resalta de la calidad de vida de los venezolanos?
“Continúan las fallas de los servicios públicos”.
“La situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes es preocupante”.
El coordinador de Provea recuerda que hay mucha sensibilidad al tema de salud por parte de Bachelet pues, además de ser política, también es médico, y quedó conmovida con los testimonios de las madres de los pacientes más pequeños.
Para él también es importante el constante recordando del impacto de la emergencia humanitaria compleja, especialmente fuera de Caracas, cuando se hace mención a la situación del sistema eléctrico en el fronterizo estado Zulia.
¿Qué datos le preocupan a Bachelet sobre la economía venezolana?
"La situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales”
“Mi Oficina recibió información que señala que el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas sigue impactando negativamente en la economía y a los servicios públicos a todos los niveles”.
Para Prado, es de resaltar la preocupación de la Alta Comisionada por el poder adquisitivo del venezolano al señalar que el sueldo mínimo solo alcanza para 3,5% de la canasta alimentaria.
Sin embargo, en el tema económico, Uzcátegui apunta a la mención de las sanciones económicas, pero también al señalamiento, dentro de la actualización, de la falta de datos oficiales públicos para estudiar el verdadero alcance, como lo asegura el gobierno en disputa, en sus políticas, lo que le habla de que este tema es usado solo para el discurso político.
¿Qué señala de la política venezolana?
“El 2020 será un año electoral. Es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas”.
El coordinador de Provea asegura que es “interesante” el hecho de que se hable del año electoral y de las cinco características específicas que la Alta Comisionada pide que haya para garantizar este proceso. Propone que las ONG venezolanas formen una agenda en base a estas condiciones.
¿Qué apunta en materia de seguridad en Venezuela?
“Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales”.
En este punto, ambos analistas señalan el hecho de que no se ha cumplido una de las peticiones de Bachelet en los primeros informes: la disolución del FAES, considerado como “un mecanismo de control del malestar” en las zonas más populares y vulnerables, apunta Uzcátegui.
¿Qué aspecto de la violencia en Venezuela le preocupa?
“Mi Oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco”.
En el tema de la violencia, el coordinador de Provea destaca la preocupación de Bachelet por los distintos grupos irregulares, no solo en el sur del país relacionados con la minería, y que, según el experto, son “tolerados por las autoridades venezolanas”.
¿Qué espera a futuro?
“Hemos recabado información de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020, asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva”.
Uzcátegui apunta a que, con una lectura de la actualización, se saca que, a pesar de se sabe la situación y se tienen el conocimiento por parte de funcionarios públicos sobre el tema de tratos inhumanos, “no se está haciendo nada” y por ello insisten en la asistencia técnica.
Prado y Uzcátegui concuerdan en la necesidad de la denuncia y la visibilización por parte de las organizaciones venezolanas para que la comunidad internacional pueda realizar su trabajo en esta materia y continuar documentando la situación en la nación suramericana.
