Para organizaciones de derechos fundamentales, la renovación de los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM) y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (ACNUDH) es “necesaria”.
La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre del 2022.
Sara Fernández, investigadora del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), destaca que los mecanismos no solo fungen como un “muro de contención” contra patrones de violaciones a los derechos fundamentales, sino para soportar una salida política y electoral a la crisis.
“Eso no se va a conseguir si no se renuevan los mandatos de monitoreo e investigación de derechos humanos porque son los que presionan a las autoridades para tener algo que negociar, para tener la motivación de tomar en serio el dialogo”, expuso en un foro sobre el impacto de la FFM.
Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) destaca que muchas organizaciones de la sociedad civil valoran “positivamente” el trabajo de la FFM y creen que “debe expandirse”.
“Los reportes que nos han dado las víctimas que atienden nuestras organizaciones dan cuenta al valor que le dan a la visibilización de sus casos a través de estos informes. Una de las cosas por las que abogamos es por una prolongación del periodo del mandato del periodo del FFM”, manifestó.
Las diversas organizaciones defensoras DDHH argumentaron además la falta de implementación, por parte del Estado venezolano, de las recomendaciones de la ACNUDH.
Alessandra Pinna, directora del programa de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, puntualizó que fue “gracias” al trabajo de la FFM, que se reconocieron públicamente las denuncias, que, por años, formularon víctimas y activistas de derechos fundamentales.
“La situación es tan alarmante que Venezuela tiene tres mecanismos y no tienen duplicación de esfuerzos, más bien complementariedad. Los enfoques de los dos mecanismos de la ONU son distintos y complementarios”, explicó.
Añadió que tienen metodologías distintas y, puntualmente en el caso de la FFM, sigue los “mismos estándares” de la Corte Penal Internacional (CPI), por lo que las investigaciones pueden ser utilizadas por esta instancia, e incluso permitiría “acelerar” la duración de las investigaciones de la CPI.
En ese sentido, llamó a “organizar una estrategia” para la renovación del mandato de la FFM y consideró ideal la aprobación de una resolución de “iniciativa regional”.
Reformas cosméticas
La Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de Justicia y, según explicaron, incrementar los derechos del ciudadano común.
Sin embargo, analistas consideran que el Estado venezolano apenas intenta dar una imagen de cooperación y de cambios a nivel interno, pero sin respetar la independencia del Poder Judicial.
En abril de este año fueron designados los 20 magistrados que estarán al frente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante los próximos 12 años, en medio de denuncias de expertos en la materia.
“El 60 % de sus miembros fueron reelegidos, 85 % están vinculados a grupos pro gobierno y alrededor del 50 % son personas que tienen sanciones individuales de EEUU, Canadá o la UE”, subrayó Fernández.
La abogada, además, destacó la ausencia de investigaciones a nivel nacional sobre violaciones sistemáticas a los DDHH y de posibles crímenes de lesa humanidad.
“Esos avances no han sido suficientes y no se han investigado las cadenas de mandos, o los medianos o altos responsables”, puntualizó al hacer referencia a la solicitud de la fiscalía de CPI de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por no haber adjuntado material de respaldo sobre las supuestas investigaciones de la justicia venezolana.
Tras la actualización del informe del 2020, Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU reaccionó asegurando que el Estado no reconoce a la FMM y aseguró que su existencia es “politizada” y sin “virtud”.
“Su contenido refrendado por una misión fantasma y elaborado de manera remota carece de rigor científico y metodológico en el tratamiento de la información y es claramente politizado, parcializado y selectivo”, dijo a principios de año.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
