La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia advierte en su más reciente informe que los familiares de víctimas de torturas deben hacer frente a “obstáculos” impuestos por el Estado venezolano para denunciar sus casos.
Kelvi Zambrano, abogado e integrante de la organización defensora de derechos fundamentales expone que en muchos casos los funcionarios encargados “desconocen” la legislación venezolana en materia de tortura.
“Desconocen también la normativa internacional. Esto trae como consecuencia que no sea posible que los funcionarios del sistema de justicia puedan aplicar la ley y además desconocen el procedimiento que está establecido, que exige que cuando un funcionario tenga conocimiento de uno de los tipos penales que está tipificado en esta Ley puedan notificar a la Defensoría del Pueblo”, dijo en conferencia de prensa.
Zambrano subraya que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarle los instrumentos adecuados a los funcionarios para que conozcan el alcance de la legislación y sepan aplicarla cuando tengan conocimiento de uno de los tipos penales.
Resaltó, además, que del 100 % de los casos de torturas denunciados por la organización que integra, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, presidida por el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, solo en un 30 % han obtenido respuesta.
La Comisión Nacional anunció en una nota de prensa divulgada en abril que reiniciaba las sesiones presenciales, luego de las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19.
En comparación con países como México y Argentina, según la Coalición por los DDHH y la Democracia, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura en Venezuela no cumple con el principio de participación ciudadana.
De acuerdo con un informe que abarca el período comprendido entre el 1 de mayo del 2021 y el 30 de abril de este año y que será presentado el miércoles por Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, esa instancia ha seguido documentando casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas en Venezuela.
Se trata del último informe sobre Venezuela que Bachelet presentará antes de dejar el cargo en septiembre.
El año pasado, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia y, según explicaron, incrementar los derechos del ciudadano común.
Miembros de la sociedad civil consideran que las reformas implementadas buscan “eludir” la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), que en noviembre del año pasado decidió abrir una investigación formal a Venezuela por denuncias de delitos de lesa humanidad.
En marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM) reiteró su preocupación respecto al “limitado” alcance de las investigaciones de algunas conductas que podrían constituir delitos de lesa humanidad, contra autoridades materiales “de bajo nivel”, por lo que están ampliando las actuales investigaciones a las responsabilidades de “más altas” de la cadena de mando.
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