El gobierno en disputa de Venezuela decretó la suspensión del pago de alquileres de inmuebles hasta el mes de septiembre del año en curso como parte del paquete de medidas frente a la pandemia del COVID-19. La medida, indicaron, beneficiaría a la población, pero la Voz de América pudo constatar que la decisión beneficia a unos, pero perjudica a otros.
Esta disposición se ordena a raíz del impacto económico que está generando el coronavirus, el cual ha obligado a reducir al mínimo la actividad comercial y laboral, en todos los sectores del país.
“Ese pago queda suspendido de inmediato a nivel nacional y nosotros vamos a buscar las formas de compensar a los que arriendan y, en el caso de viviendas, también queda protegida la familia venezolana”, anunció en su momento el presidente en disputa Nicolás Maduro.
En ese contexto, aunque agradecen la flexibilidad del decreto, la mayoría de los consultados no están dispuestos a dejar de pagar su alquiler.
“Yo no estoy de acuerdo porque hay muchas personas que tienen habitaciones, las alquilan y dependen de eso para vivir, yo no estoy de acuerdo con eso, lo que tienen es que tomar otro tipo de medidas”, señala Omer Nuñez, ciudadano consultado.
Por su parte, Alfredo Ramos, otro consultado, indica que: "En mi criterio las personas que trabajan por su cuenta no podrían pagar un alquiler, pero de verdad pienso —y digo— que no es justo, porque hay personas que viven de eso y necesitan su dinero”
En un tono similar, Lenis Castro, otra ciudadana, señala que: "Estoy de acuerdo, que no se pague porque no estamos trabajando, las empresas están pagando lo que pueden, pero también los propietarios necesitan de su plata”.
"Por supuesto que estoy de acuerdo, porque es una ayuda para la gente que está apretada económicamente, hay que buscar soluciones, de repente lo que estoy diciendo yo hay una incongruencia con el dueño del inmueble”, apunta Eduardo Valdéz, otro consultado con la Voz de América.
No obstante, otros dudan de que el gobierno garantice el pago de lo que dejan de percibir.
“Yo tengo un apartamento alquilado, ¿el gobierno me va a pagar el alquiler? Entonces, si el inquilino no tiene la gentileza de aunque sea reconocerle algo a uno, llegar a un acuerdo, pues lo tendré que sacar a patadas de mi casa”, comenta Carlos Ramírez.
A pesar del decreto, desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela hacen un llamado a considerar un acuerdo entre las partes, ya que la idea no es que se genere un conflicto entre el arrendatario y el arrendador.
