En Uruguay, el gobierno desarrolla una política activa contra el lavado de dinero donde están detrás actividades como el narcotráfico y el terrorismo.
En el país, hay unas 90 personas procesadas por ese delito y se reportan unas 200 denuncias de actividades sospechosas de lavado al año. La mayoría de los casos se descartan.
La normativa amplió la lista de organismos y personas que tienen la obligación de reportar actividades sospechosas. Los que más denuncian son los bancos, pero también deben hacerlo los casinos, los escribanos, las casas que venden antigüedades, los rematadores y los administradores de zonas francas.
En lo interno, se firmó un acuerdo que permitirá al Banco Central acceder a la base de datos de todos los contribuyentes del país y por esa vía ajustar los controles.
Por otro lado, el director de Impositiva, que es el organismo recaudador, Pablo Ferreri anunció que se trabaja en abrir una oficina internacional para investigar casos de lavado de activos que sean reportados desde el exterior.
El gobierno ya definió las principales líneas de trabajo que impulsará este año contra el lavado de activos y se priorizará la investigación patrimonial para localizar bienes de las personas que cometen esos delitos.
Para ello, estuvieron en Uruguay funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU. que dictaron cursos sobre técnicas de investigación patrimonial.
