El tema militar y de los Derechos Humanos vuelve a estar arriba de la mesa en Uruguay.
Ahora un equipo de antropólogos de la Universidad de la República retomará en los próximos días las excavaciones en un cuartel del Ejército donde se sospecha que se enterró a militantes políticos de izquierda tras ser asesinados en la década del 70.
En el gobierno pasado ese equipo de técnicos encontró restos de
desaparecidos.
Esa situación se da luego que un grupo de militares retirados, muchos de ellos coroneles, firmaran una carta donde dicen sentirse “asediados” por la justicia que investiga crímenes de lesa humanidad en tiempos de la dictadura que gobernó al país entre 1973 y 1985.
La carta de los militares, que fue considerada “amenazante” por varios sectores de la sociedad, llegó también en momentos en que la justicia comenzará a citar a militares por su participación en torturas y asesinatos.
Algunos militares anunciaron que “resistirán” si son convocados a declarar pero desde el Poder Ejecutivo se envió un mensaje claro. El ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, afirmó que no se permitirán desacatos a resoluciones de la Justicia.
“El Poder Ejecutivo respaldará con sus instituciones en forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial. Quienes no estén de acuerdo con dichas resoluciones tienen garantizado el legítimo derecho a canalizar dichas discrepancias con los medios y con los instrumentos que el Derechos nacional e internacional prevé para ello”, dijo el ministro Rosadilla.
A todo esto el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay señaló que los jueces “no van a ceder ante amenazas” y por otro lado, todos los partidos políticos criticaron la nota de los militares retirados y expresaron su apoyo al Poder Judicial y a la democracia.
