Académicos y especialistas coincidieron en que se han incrementado los abusos contra indocumentados en Estados Unidos.
El ex canciller de México, Jorge Castañeda, se pronunció a favor de una solución regional para enfrentar el problema múltiple que implican la migración y el tráfico de drogas y de armas.
En su participación en el Foro Internacional “Migración y Trata de Personas: Un Problema Complejo”, Castañeda estimó que las autoridades mexicanas deben invertir mayores recursos en su frontera sur.
Por su parte, John D. Feeley, agregado de negocios de la embajada de Estados Unidos en México, informó que para cerrar el flujo de armas hacia territorio mexicano, las autoridades estadounidenses inspeccionan el 100% de la carga que cruza la frontera entre ambos países por ferrocarril
En entrevista con la Voz de América, el funcionario estadounidense detalló que además de esa estrategia que inició el año pasado, se incrementó el número de agentes de inspección en las garitas de entrada y salida de la frontera común.
En materia de migración, el diplomático se refirió al papel de los migrantes en la vida social y productiva en Estados Unidos y reiteró el compromiso del presidente Barack Obama de sacar adelante una reforma migratoria.
“Vamos a continuar luchando para una reforma comprensiva e integral de nuestro sistema de migración, para que haya un paso ordenado, legal y seguro para cada ser humano que pretende migrar a mi país”, dijo Feeley.
Por otra parte, Ernesto Rodríguez Chávez, director del Centro de Estudios Migratorios, aceptó que en los últimos años se han incrementado en México las violaciones a los derechos humanos.
Fabienne Venet, Directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, señaló que el gobierno mexicano no ha sido capaz de garantizar la integridad de los migrantes que atraviesan el país hacia Estados Unidos y tampoco la seguridad de los defensores de derechos humanos, que en ocasiones son acusados de tráfico de personas. Además, la experta señaló que los indocumentados prácticamente se enfrentan a una situación de guerra, debido a la violencia relacionada con el crimen organizado.
En el marco de la clausura de los trabajos de este foro, se otorgó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ubicada en el estado de Chiapas, al sureste mexicano, el certificado que la acredita como una comunidad segura.
