Más de 300.000 inmigrantes -en su mayoría centroamericanos- corren el riesgo de perder su Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos después de anunciar que las negociaciones con la administración del presidente Joe Biden se interrumpieron esta semana.
El equipo legal dijo a la VOA que la razón por la que se rompió la negociación es que los abogados de los TPS en la demanda estaban buscando una “protección modesta” para sus clientes y el gobierno de EEUU no estuvo de acuerdo en brindar ni siquiera una protección modesta a los titulares de TPS. Por eso – agregó- después de casi un año y medio, "la negociación se interrumpió".
La Alianza Nacional del TPS, organización que aglutina a inmigrantes amparados a este beneficio, dijo que las negociaciones llevadas a cabo durante 16 meses “habían colapsado” el martes, con lo que se pone en riesgo la revalidación de los permisos de trabajo y de estancia legal en el país, que vencen a finales de este año, y por ende se corre el riesgo “de ser deportados”.
![Representantes de la Alianza Nacional TPS en las afueras del Congreso en Washington DC para pedir su inclusión en Ley de presupuesto que se apresta a discutir el pleno luego de dar por cerrado acuerdo para echarla adelante. [Foto VOA/Tomás Guevara]](https://gdb.voanews.com/dd92500a-1eb1-481c-9198-2ea085445fe8_w100_r1.jpg)
José Palma, quien forma parte del equipo de trabajo de la Alianza Nacional con los abogados de la Casa Blanca, dijo a la Voz de América que la negociación buscaba encontrar una salida a la demanda Ramos Vs Mayorkas, en referencia al actual secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, interpuesta en una corte federal de California cuando el TPS fue cancelado por la administración del expresidente Donald Trump en 2018.
“La decisión más que legal es una decisión política. Pareciera que la administración Biden y el Partido Demócrata están pensando más en el impacto que un apoyo pueda tener en las elecciones que en el bienestar de las familias Tepesianas”, lamentó Palma.
Ha trascendido que llegados a ese punto muerto de negociaciones la querella vuelve a los tribunales donde ya ha sorteado varias fases durante cuatro años , las que van desde la decisión inicial y los procesos posteriores de Corte de Apelaciones.
![El senador Robert Menéndez y los congresistas Julian Castro, Adriano Espaillat y Raúl Ruíz forman parte de un grupo de al menos 36 legisladores que han firmado una carta para pedir al presidente Joe Biden ampliar el TPS a inmigrantes centroamericanos. [Foto: VOA / Tomás Guevara]](https://gdb.voanews.com/09860000-0aff-0242-c719-08da9756b5c4_w100_r1.png)
Erasmo Ramos otro líder de la Alianza Nacional expresó a la VOA los riesgos a los que se enfrentarían las familias de perder el estatus. “Al no redesignar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que prometió hacer por las familias migrantes”, sostuvo.
Considera que por el contrario “está respaldando las políticas antiinmigrantes de Trump, despojando a los inmigrantes de protección y negando nuestros derechos”, acotó.
La inmigrante salvadoreña Doris Landaverde, beneficiaria del TPS, mostró su decepción ante la situación al considerar que con el triunfo de Joe Biden en 2020 se proyectó muchas esperanzas y que ahora las ve rotas.
“Pensamos que ya habíamos salido de este martirio. Que las familias tepesianas estuvieron viviendo el miedo de ser separadas de sus hijos. Yo soy madre de tres niñas: 16, 11 y 9. Y es bien difícil”, expresó
Tras anunciarse la ruptura de los diálogos, la VOA solicitó una reacción de la Casa Blanca al respecto, pero no hubo respuesta.
Por su parte, ante solicitud de comentario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) agencia que gestiona la cuestión migratoria, señaló que no comentaba sobre litigios en curso, pero aseguró que “los titulares actuales de TPS de El Salvador, Nepal, Nicaragua y Honduras estarán protegidos durante los próximos meses”.
Datos compilados hasta 2018 indican que unos 180.000 salvadoreños seguían hasta entonces amparados al beneficio migratorio, unos 60.000 hondureños, más de 50.000 haitianos, y 4.000 nicaragüenses, más grupos menores de inmigrantes de otros países.
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