En medio de una serie de denuncias por las fallas en la atención que reciben los niños migrantes detenidos al intentar cruzar la frontera de manera ilegal con sus padres, un grupo de senadores estadounidenses exigen al gobierno de EE.UU. tomar “acciones inmediatas” para reunificar a las familias que aún permanecen separadas.
A través de una carta, un grupo de senadores demócratas expresaron su frustración a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, por los 539 niños migrantes que todavía permanecen separados de sus padres.
En la misiva, específicamente piden a las autoridades estadounidenses que hagan uso del llamado “parole humanitario” para permitir a los padres que han sido deportados regresar a EE.UU. a reunirse con sus menores hijos y permitirles como familia reunificada permanecer en el país y solicitor un asilo o cualquier otro tipo de protección migratoria.
También sugieren que el DHS debería considerar la posibilidad de reunificar a las familias, en las que los padres fueron considerados inelegibles para algún amparo migratorio y fueron deportados inmediatamente. Los abogados que evalúan estos casos indican que las autoridades estadounidenses no han presentado suficiente evidencia para sustentar la inelegibilidad, según indica la carta.
De igual manera, señalaron que se debe investigar que ningún padre haya renunciado a su derecho de reunificación por algún acto de coerción.
En la carta, los senadores pieden considerar sus propuestas y al mismo tiempo, respuestas rápidas e inmediatas para aliviar el daño provocado a los niños y sus familias.
Un día después del envío de la carta, una subcomisión del Senado presentó un informe que detalla la falta de asistencia para los menores detenidos y la escasa asesoría legal que existe en estos casos.
Según el informe bipartidista, ninguna agencia federal asume la responsabilidad de asegurarse de que no se maltrate ni se utilice a los menores para tráfico humano una vez que el gobierno los coloca con patrocinadores, que muchas veces no son sus padres ni parientes cercanos.
Los jueces de inmigración han ordenado la deportación de un creciente número de estos niños, en parte porque el gobierno hace poco para asegurarse de que acudan a la corte, y los funcionarios no ofrecen suficientes servicios de salud mental para algunos de ellos, indica el reporte de 52 páginas.
"Persisten grandes deficiencias que dejan a los niños bajo un riesgo significativo de tráfico y maltrato, y socavan nuestro sistema inmigratorio", se afirma en el informe de la subcomisión de investigación de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado. El reciente intento de coordinación entre los departamentos de Salud y Servicios Humanos y de Seguridad Nacional "hace poco para ofrecer esperanza de que las agencias federales estén tratando de mejorar" la seguridad de los niños, agrega, y calificó la situación de "insostenible".
Por su parte, esas dos dependencias y el departamento de Justicia emitieron un comunicado conjunto en el que indicaron que el reporte "deja pasar la oportunidad de abordar décadas de inacción legislativa" que ha impulsado la llegada de menores sin compañía de un adulto. Criticaron el reporte por indicar "erróneamente" que Trump había empeorado el problema y acusaron a los legisladores de ignorar problemas como inmigrantes que se unen a pandillas y el contrabando de organizaciones criminales.
"No podremos arreglar esos añejos problemas" a menos que el Congreso los aborde, aseveraron.
La subcomisión de investigaciones del Senado sostendrá una audiencia sobre el tema el jueves. Este grupo ha estudiado el problema desde 2015, cuando se enteró que ocho niños habían sido colocados con miembros de una red de tráfico humano.
