Un grupo de senadores de Estados Unidos presentó el miércoles una propuesta de ley bipartidista para abordar la creciente crisis en Nicaragua.
Los senadores Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y miembro de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y los senadores Ted Cruz, republicano por Texas; Bill Nelson , demócrata por Florida; Marco Rubio, republicano por Florida; Dick Durbin, demócrata por Illinois; David Perdue, republicano por Georgia; Patrick Leahy, demócrata por Vermont; Tim Kaine, demócrata por Virginia; Ben Cardin, demócrata por Maryland; y Tom Cotton, republicano por Arkansas, presentaron el proyecto de ley Anticorrupción y de Derechos Humanos de Nicaragua de 2018 (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018).
La medida requiere la imposición de sanciones a funcionarios del gobierno nicaragüense responsables por la muerte de civiles, la violación de derechos humanos y la corrupción en el país Centroamericano.
También hace un llamado a una salida negociada de la crisis, incluyendo un compromiso a elecciones adelantadas, y requiere reportes de inteligencia en la participación de oficiales gubernamentales en casos de corrupción y de violación de derechos humanos.
“Lo que comenzó como protestas legítimas se convirtió en una masacre que durante meses ha azotado a los ciudadanos Nicaragüenses por parte de fuerzas de seguridad del Estado y de grupos paramilitares afiliados al régimen de Ortega,” señaló el Senador Menendez.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo hacen de su propio pueblo un blanco, como lo evidencian las imágenes de disparos a estudiantes buscando refugio dentro de una iglesia. Este proyecto de ley bipartidista fue diseñado para apoyar una salida negociada a esta crisis, mientras se responsabiliza a quienes creen que su participación en grotescas violaciones a los derechos humanos serán ignoradas por la comunidad internacional”, dijo el demócrata por Nueva Jersey.
“Las sanciones que proponemos hoy se concentran en el centro de la violencia que afecta a Nicaragua: el régimen de Ortega y sus 'milicos', quienes están infligiendo una campaña de terror en contra de nicaragüenses inocentes. Esta legislación es el paso más reciente para responsabilizarlos, y a menos de que estos abusos terminen, no será la última,” dijo el senador Cruz.
“Existe un nexo intrínseco de cooperación de seguridad entre Nicaragua, Rusia y Venezuela que representa un riesgo directo para la seguridad nacional estadounidense. Apuntar a los activos de los líderes sancionados de Nicaragua, como se requiere en este proyecto de ley, ayudará a revelar la red de instituciones financieras que se utilizan para actividades ilícitas”, agregó el republicano por Texas.
El proyecto de ley también requiere que el Secretario de Estado certifique anualmente si el gobierno nicaragüense está tomando medidas para mantener las normas de gobernabilidad democrática, derechos humanos y anticorrupción, dejando abierta la posibilidad de no imponer nuevas sanciones si se produce esta certificación.
Un comunicado del senador Menéndez que informa sobre la propuesta de ley, recuerda que el legislador demócrata ha liderado esfuerzos en el Congreso para apoyar al pueblo nicaragüense, haciendo un llamado a la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar una investigación integral de los recientes ataques en contra de civiles y la censura de medios en Nicaragua por parte del régimen de Ortega.
Más recientemente, el Senador Menéndez trabajó con sus colegas al presentar una resolución para condenar la violencia perpetrada contra los ciudadanos de Nicaragua por el régimen de Ortega y grupos paramilitares. La resolución también hizo un llamado al gobierno nicaragüense para que ponga fin a las prácticas represivas de sus fuerzas de seguridad y promulgue reformas constitucionales y legales para proteger a sus ciudadanos, indica el comunicado.
Este miércoles en Washington la OEA aprobó una resolución que condena las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y pide al presidente Daniel Ortega trabajar con la oposición para llamar a elecciones.
Autoridades del gobierno de EE.UU. se han pronunciado cada vez más en los últimos días sobre la situación de creciente violencia en Nicaragua, desde el vicepresidente Mike Pence, al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri; la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, la vocera del Dpto. de Estado Heather Nauert, y otros, como refleja la cuenta de Twitter de la embajadora estadounidense en la nación centroamericana, Laura Dogu.
El lunes 16 de julio, Estados Unidos anunció sanciones contra otro grupo de individuos en Nicaragua"responsables de los abusos de derechos humanos o del socavamiento de la democracia en Nicaragua, así como a sus familiares". El comunicado oficial indica que las restricciones de visa ordenadas son "parte de nuestra respuesta a los flagrantes abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno de Nicaragua".
En declaraciones a periodistas el miércoles salir de la OEA, el canciller nicaraguense Denis Moncada, rechazó la resolución contra su país calificándola de sesgada y diciendo que es una "directriz del Departamento de Estado".
Moncada también respaldó la actuación de la policía nicaragüense y del Ministerio Público, diciendo a la Voz de América que existe una "confabulación" para hacer ver que los cuerpos policiales comenten acciones que "comenten organizaciones terroristas internacionales".
