La violencia en el suroeste de Colombia se agudizó el lunes con la explosión de una motocicleta que causó al menos seis heridos, entre ellos tres menores, y el hostigamiento a la policía, hechos que las autoridades atribuyeron a la mayor disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no firmaron el acuerdo de paz de 2016 con el Estado.
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La disidencia autodenominada Estado Mayor Central, con la que el gobierno adelanta negociaciones de paz, está compuesta por varias agrupaciones fragmentadas que deciden de manera individual su participación en los diálogos.
Desde marzo las facciones que operan en Cauca, Valle del Cauca y Nariño se enfrentan al Estado debido a que, a diferencia del resto del país, el cese al fuego bilateral fue suspendido por decisión del gobierno tras un ataque a la población civil que causó la muerte de una líder indígena.
“Es una muestra de fuerza por parte de la disidencia de las FARC, el mensaje al Estado es claro: si no quieren cese al fuego, los vamos a atacar con toda la fuerza”, dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group.
Los recientes ataques han tenido como blanco a la policía y fuerzas militares, pero han terminado por afectar a la población civil.
En Jamundí, parte del área metropolitana de la ciudad de Cali, fue activada una motocicleta bomba a dos cuadras y media de donde se hospedaba un grupo de policías que pretendían reforzar la seguridad en la zona. El artefacto explotó a el lunes en la madrugada e hirió a dos policías que servían de centinelas y tres menores de edad y un adulto que se desplazaban hacia un colegio. Todos fueron trasladados a centros médicos.
El comandante de la policía metropolitana de Cali, coronel Carlos Germán Oviedo, explicó a la prensa que imágenes de cámaras de seguridad muestran a una persona que se desplaza en la motocicleta e intenta dejarla más cerca de donde se hospedan los policías, sin embargo, no lo logra dada la seguridad y decide abandonarla a dos cuadras y media.
En paralelo en la zona rural de Jamundí se registraron hostigamientos a una estación de policía, pero según Oviedo no se hubo afectación de agentes ni pobladores. Ambos ataques, señaló el coronel, serían responsabilidad de la disidencia de las FARC.
En Jamundí, ubicado en el departamento de Valle del Cauca, hay sembradíos de hoja de coca —materia prima de la cocaína— y es un corredor estratégico en el Pacífico colombiano que comunica con el puerto de Buenaventura y otros convulsos municipios como Buenos Aires y Suárez. La Defensoría del Pueblo alertó en febrero sobre el peligro para la población por la presencia de los armados.
En la mañana del lunes el Ejército advirtió que repelía ataques contra la estación de policía de Morales, un poblado del departamento de Cauca, de dos facciones del Estado Mayor Central, sin reportar víctimas.
“Las tropas y vehículos blindados se encuentran en el casco urbano del municipio para contrarrestar estas acciones, las cuales están siendo apoyadas desde el aire con aeronaves artilladas de la Fuerza Aérea”, señaló el Ejército en X, antes Twitter.
El anterior ataque en la zona atribuido a las disidencias se registró el viernes, cuando explotó un artefacto en una vía de Miranda, Cauca, causando la muerte de un menor de 10 años y un adulto que conducía una motocicleta. La madre del menor resultó herida.
El jefe negociador del gobierno con el EMC, Camilo González, advirtió el domingo que los frentes armados que operan al suroeste del país no han respetado los derechos humanitarios de la sociedad civil, demostrando que no les interesa una salida pacífica y política al confrontamiento armado. Sin embargo, no rompió las negociaciones.
Para Dickinson los ataques tienen un doble propósito de parte de las facciones del suroeste: por un lado, mostrar fuerza ante el Estado y, por el otro, enviar un mensaje de inconformidad a las demás facciones que sí están negociando con el gobierno.
“Es una minoría los que están en la mesa”, explicó Dickinson, quien calcula que continúan las facciones de Guaviare, Caquetá, Magdalena Medio y Catatumbo, lo que representaría entre el 30 % y el 40 % del total de los armados.
“Los que están fuera (de la mesa) son quienes tienen más poder económico, más armamento y control territorial”, agregó.
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