“Esta comisión va a ayudar a algo muy importante en este proceso de la construcción de la paz, que es ayudar a sanar las heridas acumuladas durante más de 50 años de conflicto”, declaró el mandatario en el evento de instalación en la presidencial Casa de Nariño.
“La verdad de 53 años de conflicto armado nunca se va a saber en su totalidad, es imposible”, pero la comisión buscará aclarar “todas las mentiras que producen 53 años de guerra”, agregó.
La comisión cuenta con 11 miembros (seis hombres y cinco mujeres) que fueron elegidos por representantes de Naciones Unidas, el tribunal europeo de Derechos Humanos, la justicia colombiana y las universidades estatales del país.
Entre ellos hay sociólogos, periodistas, médicos, economistas, curas y abogados.
El organismo es presidido por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, reconocido en Colombia por su labor en defensa de los derechos humanos.
La tarea será “esclarecer” y “reconocer a las víctimas de todos los lados, dignificar las víctimas como ciudadanos y reconocer responsabilidades colectivas, institucionales y las responsabilidades de la sociedad como un todo por acciones y por omisiones”, afirmó De Roux.
El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron este mecanismo como parte de sus compromisos de verdad, justicia y reparación con las víctimas consagrados en el pacto de paz firmado a finales de 2016 que desarmó y transformó en partido político a la otrora guerrilla comunista.
Sin competencia para juzgar, la Comisión de la Verdad tendrá una duración de tres años que empezarán a regir desde noviembre. Cada seis meses rendirá cuentas y al término de su vigencia rendirá un informe final.
“Las víctimas muchas veces no exigen reparación, lo que quieren es verdad”, apuntó Santos.
En ese sistema también están la Jurisdicción Especial para la Paz, que juzgará a militares y exguerrilleros por delitos graves cometidos durante el conflicto, y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
La guerra interna en Colombia, que enfrenta a guerrillas, narcos, paramilitares de ultraderecha y agentes estatales, ha dejado hasta la fecha más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
