Ramona González no se ahogó cuando el huracán María dejó a Puerto Rico bajo el agua. No murió durante la tempestad ni por la destrucción causada por los vientos de 248 kilómetros (154 millas) por hora. Esta mujer incapacitada de 59 años falleció un mes después de una septicemia, causada por una úlcera que no fue tratada, según su familia.
Durante y después de la tormenta fallecieron miles de personas, incluida gente desafortunada como González que hubiera podido sobrevivir. Este fue un desastre que se gestó lentamente y duró meses, en el que la gente no recibió el tratamiento que necesitaba, por más que el presidente estadounidense Donald Trump elogie la respuesta de su gobierno.
Un año después de que María recorriera el Caribe, periodistas de The Associated Press, del portal noticioso Quartz y del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico prepararon el relato más detallado que se ha hecho hasta ahora de los últimos días de las víctimas de la tormenta, entrevistando en persona a 303 familiares de los muertos y revisando los relatos de otros 202, para dar a conocer las historias de víctimas hasta ahora anónimas.
Trump puso en duda el jueves la cifra de víctimas ampliamente aceptada, diciendo en un tuit que “no murieron 300 personas” cuando María azotó Puerto Rico poco después del paso de Irma por la zona en septiembre del 2017. Sostuvo que la cifra puede haber sido inflada “por los demócratas para hacerme ver lo peor posible”, contabilizando muertes por vejez entre las causadas por el temporal.
La investigación conjunta, no obstante, refleja cómo la población más vulnerable fue víctima de las condiciones creadas por las tormentas.
Personas incapacitadas y ancianos debieron irse de hospitales desbordados a pesar de que padecían úlceras que terminaron causando infecciones mortales. Se acabó el oxígeno con fines médicos. Los pacientes con problemas renales recibieron tratamientos acortados en centros de diálisis que no tenían combustible para los generadores ni agua fresca, a pesar de que a las autoridades locales y federales se les había pedido que se les diera prioridad a estos temas, según activistas.
Está el caso de Ernesto Curiel, un diabético que falleció de un paro cardíaco después de bajar y subir durante semanas diez pisos dos veces al día para sacar insulina de la única nevera que funcionaba en su edificio. O el de Alejandro González Vázquez, de 47 años, que no podía conseguir la medicina antipsicótica que necesitaba y se suicidó en vez de abordar un avión para que lo llevase de vuelta a Estados Unidos. O el de Juana Castro Rivera, de 52 años, quien falleció de leptospirosis, una enfermedad causada por agua contaminada. Después de varias visitas a una clínica de barrio, se le hizo el diagnóstico apropiado en un hospital de una municipalidad vecina, pero ya era demasiado tarde.
Junto con las condiciones derivadas de las tormentas, cada muerte tiene una compleja mezcla de causas, que pueden incluir condiciones preexistentes graves y decisiones individuales de pacientes, médicos y otro personal, lo que hace que resulte difícil atribuir responsabilidades definitivamente en todos los casos. Pero familiares y expertos dicen que muchas personas podrían haber sobrevivido si Puerto Rico y el gobierno federal hubieran tenido una mejor preparación y una mejor respuesta ante la emergencia.
“Estaba buscando ayuda. Aquí no vino nadie”, declaró María González Muñoz, de 66 años, quien cuidó durante 30 días a su hermana en su casa sin luz.
La casa de González se encuentra a 4,8 kilómetros (3 millas) del centro de convenciones donde miles de miembros del personal de emergencias instalaron su cuartel general durante un mes después del paso del huracán. María y su hermano llevaron a Ramona dos veces a un hospital y trataron de que fuera admitida en un barco con fines médicos de la Armada estadounidense en el puerto de San Juan, pero no pudieron salvar a su hermana.
“Aquí no vino nadie preguntando, nadie del gobierno”, manifestó. “Ella duró un mes”.
La cifra real de muertes causadas por el huracán ha sido objeto de controversias desde los primeros días, en buena medida por la naturaleza casi única del desastre.
Los huracanes más letales en la historia de Estados Unidos mataron a la mayoría de sus víctimas con fuertes vientos e inundaciones en las horas y días inmediatamente previos y posteriores a su llegada a tierra. El Centro Nacional de Huracanes dice que cuando Katrina azotó Luisiana y otros estados en el 2005, causó 1.500 muertes directas y 300 indirectas, por ataques cardíacos y falta de equipo médico.
En Puerto Rico décadas de abandono y una fuerte crisis fiscal hicieron que la red eléctrica se viniera abajo y causase el apagón más prolongado en la historia de Estados Unidos cuando María cruzó la isla el 20 de septiembre del 2017. Cientos de muerte ocurridas en las semanas posteriores al paso del temporal se debieron a fallas en el equipo médico y a un calor sofocante que debilitó más todavía a las víctimas.
Investigadores de la Universidad de George Washington contratados por el gobierno de Puerto Rico calcularon el mes pasado que 2.975 personas fallecieron por María en los seis meses siguientes, una cifra que en Puerto Rico se considera oficial.
Si bien Trump insistió esta semana en que los esfuerzos de su gobierno por rescatar a Puerto Rico fueron un “éxito increíble”, funcionarios locales y federales han sido muy criticados por una planificación inadecuada y por su respuesta al huracán. El informe de la universidad señaló que la isla no tenía un plan adecuado para comunicarse con sus ciudadanos y para responder a una tormenta. Comprobó asimismo que no había planes para mantener la comunicación con la ciudadanía en medio de una crisis. El Centro de Periodismo Investigativo comprobó en mayo que el departamento de salud de la isla no tenía planes de emergencia para hospitales y otras instalaciones.
En cuanto al gobierno de Trump, más de la mitad del personal federal de emergencia de Puerto Rico no estaba calificado para las tareas que se le asignó en octubre del 2017, un mes después de la llegada del temporal, de acuerdo con un informe del 5 de septiembre de la Contraloría del Congreso.
Ni el gobernador de Puerto Rico ni el secretario de salud respondieron a pedidos de comentarios. El secretario de seguridad pública dijo que estaba dispuesto a hablar, pero no estuvo disponible para hacerlo antes de la publicación de este informe.
Un informe de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (conocida por sus siglas en inglés, FEMA) dijo que se subestimó la cantidad de alimentos y de agua fresca que se necesitaban, y lo difícil que iba a ser hacer llegar esos abastecimientos a la isla. En Puerto Rico había escasez de todo en parte porque otro huracán, Irma, había golpeado dos semanas antes, afectando sobre todo las Islas Vírgenes Estadounidenses. Tampoco había demasiado personal debido a unos incendios forestales y otros desastres naturales.
En un artículo publicado por USA Today, el director de FEMA Brock Long dijo que el informe no era una admisión de que las cosas no se habían hecho bien.
“Nada más lejos de la verdad”, escribió. “El informe es un documento transformador cuyo objetivo es tomar nota de nuestros éxitos”.
La hermana de Ramona González dijo que sufría desde hacía tiempo de un trastorno mental degenerativo que la dejó en un estado tal que no podía levantarse de la cama desde dos años antes del huracán. Sin electricidad ni aire acondicionado, le surgieron úlceras que se fueron agravando. Fue admitida en hospitales de San Juan atestados y dada de alta dos veces, por más de que sus familiares dijeron que no podían tratar sus úlceras.
Desesperados, los hermanos de Ramona trataron de sacarla de la isla en el UNSN Comfort, un barco que hace de hospital de la Armada que había llegado a Puerto Rico el 3 de octubre. Pero los pacientes no podían presentarse directamente, sino que tenían que ser enviados por el principal hospital público de San Juan, lo que era un trámite complicado. María González trató infructuosamente de hacer llegar un informe médico del hospital privado de su hermana al hospital público para que fuera admitida en el barco.
“Llamé a alguien del centro médico porque pusieron un número y entonces alguien me contactó y me dijo que no tenía que ser como un doctor de allá mismo”, relató María González. “Le dije que ella estaba bien mala y que la dejasen por lo menos unos días porque el calor la estaba matando”.
El 19 de octubre Trump dijo que le daba a la respuesta del gobierno un “A más”, o 10 sobre 10.
“Hicimos un gran trabajo”, sostuvo.
Ramona González falleció en el hospital al día siguiente. Su médico no respondió llamadas telefónicas ni mensajes de texto pidiendo comentarios.
Tom VanLeunen, portavoz de Comando de Transporte Marítimo de la Armada, dijo que el Comfort regresó a San Juan el 26 de octubre y ancló en un muelle más accesible al público, lo que permitió que más de 6.000 pacientes fueran vistos antes de que partiera nuevamente el 20 de noviembre.
En el último año, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Quartz y la AP consiguieron cientos de informes sobre puertorriqueños que creían que sus parientes fallecieron por la tormenta. Los nombres fueron cotejados con los de un banco de datos con certificados de defunción del gobierno puertorriqueño después de una demanda del CPI.
De los que fueron cotejados, los periodistas entrevistaron a la mayor cantidad posible de familiares de los muertos y revisaron las respuestas que recibió el proyecto a través de consultas online cuando no era posible hacerlo en persona.
La mayoría de las muertes del banco de datos son consideradas indirectas, es decir, que no fueron causadas por los vientos o las inundaciones sino más probablemente por factores como la falta de luz, de agua fresca y de medicinas después de la tormenta. No fueron entrevistados los médicos de los pacientes y los certificados de defunción no vinculan los decesos con el huracán. El gobierno puertorriqueño reconoce que debió decir que cientos, si no miles, de muertes debieron ser asociadas con el temporal pero no lo fueron debido a la falta de entrenamiento de los médicos o desconocimiento acerca de cómo llenar los certificados de defunción.
Un análisis de cada muerte desde la llegada de María hasta fines del 2017 indicó que los casos fatales de septicemias --complicaciones potencialmente mortales derivadas de infecciones-- subieron casi un 44%, hasta 325, en comparación con los promedios de los tres años previos. Las muertes relacionadas con fallas renales subieron un 43% y sumaron 211.
El análisis reveló asimismo grandes aumentos en las muertes relacionadas con trastornos respiratorios, accidentes y suicidios, además de un incremento en las muertes de personas de 30 a 44 años, a pesar de la creencia generalizada de que el desastre afectó mayormente a la gente de edad avanzada.
La doctora Cruz María Nazario, epidemióloga y profesor de la facultad de medicina de la Universidad de Puerto Rico, dijo que el sistema médico de la isla no había funcionado debido a una falta de preparación a largo plazo que se prolongó hasta los días previos a la llegada de María.
“Son muertes que se pudieron haber evitado”, expresó Nazario.
El gobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló dijo la semana pasada que su gobierno había tomado nuevas medidas para mejorar la preparación para un desastre como María, aunque advirtió sobre las limitaciones que tiene este territorio estadounidense debido a la crisis económica que enfrenta.
Rosselló dijo que hay dos depósitos llenos de agua y alimentos que operan en las costas sur y norte, y que pronto abrirán otros dos. Antes de María no había ninguno.
Indicó también que el gobierno tiene ahora una lista que identifica las poblaciones vulnerables, incluidas las personas que viven en asilos de ancianos, y que se están instalando líneas especiales directas de emergencia en algunos asilos y otros sitios vulnerables.
Puerto Rico tiene una de las incidencias de problemas renales más altas de Estados Unidos, pero los planes de emergencia locales y federales daban baja prioridad al suministro de combustible y agua para diálisis, a pesar de las gestiones de activistas, según Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, organización sin fines de lucro que trata de mejorar las condiciones de los pacientes con problemas renales.
Con el suministro de agua suspendido debido a la tormenta de categoría 4, los 46 centros privados de diálisis se quedaron pronto sin el agua especial usada en la diálisis, obligándolos a racionarla, manifestó.
“Se estuvo desde allá desde el mismo lugar donde estaba FEMA. Allí, a gritos prácticamente, se les decía, ‘mira, en tal sitio no hay agua, no llegó el agua’”, relató Díaz. “Ellos llegaron. Pero el pensamiento al principio fue los que son privados tienen que responder”.
Orlando López Martínez sufrió de diabetes por décadas. El mal afecta los riñones y lo obligó a someterse a diálisis hacia fines del 2014. Cuando llegó María, acababa de operarse un pie infectado.
El centro privado del sector occidental de Puerto Rico donde recibía cuatro horas y media de diálisis tres veces por semana cerró y no recibió tratamiento cuatro días en más de una semana, de acuerdo con familiares y amigos.
Cuando reabrió, racionó la diálisis y López recibió dos horas por sesión, menos de la mitad de lo que recibía antes de la tormenta, dijeron sus allegados.
“La cara era de un color bien diferente. Bien pálido. Al coger la diálisis cambió, se puso trigueño. Pero en esos días se veía blanco, como amarilla, la cara. Bien mala”, declaró Lady Diana Torres, la madre de la hija de diez años de López, Paola.
López falleció el 10 de octubre. Tenía 48 años. La causa oficial de la muerte fue un ataque cardíaco causado por fallas renales.
No hubo respuesta en el teléfono del médico principal de López.
Este mes, Paola escribió acerca de su padre cuando su maestra pidió a la clase que hablasen de personas que consideraban sus héroes.
“En mis recuerdos, tengo a mi súper héroe fuerte y protector, que me cuida y me ama”, dijo la niña. “Quien tuvo muchas batallas, pero en la última batalla, el huracán María lo derrotó”.
