La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró que las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional evidencian violaciones a la Constitución.
Las declaraciones se dieron en un sorpresivo mensaje de quien ha sido vista como cercana al gobierno de Nicolás Maduro, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre un fallo que ha desatado críticas internacionales.
Dos días después del fallo por el que el máximo tribunal asumió las atribuciones del Congreso, la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que hubo una "ruptura" del orden constitucional.
Mientras, en las calles de Caracas las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de estudiantes que protestaban frente al Tribunal Supremo de Justicia. Algunos periodistas también fueron golpeados.
Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega Díaz manifestó su "alta preocupación" por las recientes sentencias del máximo tribunal que han desatado una crisis política en Venezuela y llamó a reflexionar para que se tomen los "caminos democráticos" de respeto a la constitución y se rescate la pluralidad.
Fallo Tribunal Superior de Justicia
En su fallo, el tribunal señaló que la Asamblea Nacional -en control de la oposición por casi año y medio- ha desacatado el cumplimiento de ordenamientos anteriores, por lo que asumía las competencias legislativas.
Las críticas internacionales han ido en aumento y el viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos pidió formalmente una sesión urgente para analizar la situación en el país sudamericano.
La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una concentración en una plaza del este de la capital donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.
La oposición ha dicho que su estrategia para enfrentar el fallo del tribunal será con movilizaciones en las calles y gestiones internacionales.
"Hemos entrado en una etapa de resistencia", dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia e insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista.
Aunque la Sala Constitucional del máximo tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias alegando un "desacato" del Congreso, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.
Protestas
En Caracas varias decenas de universitarios al grito de "Libertad" se apostaron a las puertas del máximo tribunal para rechazar la sentencia contra el Congreso. Guardias nacionales con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. Al menos un estudiante resultó herido y varios periodistas fueron golpeados.
La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros "fuertemente golpeados". "Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban", agregó.
La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirán varios temas, entre ellos la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo nombramiento fue cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.
A pesar de las numerosas críticas que generó en el ámbito local e internacional la sentencia del máximo tribunal, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, Maduro no ha dicho nada.
Aumentan reacciones internacionales
España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que "si se rompe la división de poderes se rompe la democracia".
En tanto, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur "ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela".
En diciembre, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron apartar a Venezuela del Mercosur por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas del bloque, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, también manifestó inquietud por la decisión del tribunal, y consideró que la democracia venezolana está "claramente vulnerada".
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial venezolanos se inició en diciembre de 2015 luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
Esta misma semana, la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
