“Los medios de comunicación sufren, en Nicaragua, una constante y deliberada represión como se ha visto pocas veces en América Latina”, denunció a través de sus redes sociales, Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ratificando la denuncia, Miguel Mora, director del confiscado canal de televisión 100% Noticias, señaló que la libertad para ejercer el periodismo es vital para un país en democracia.
“Nicaragua, sin libertad de prensa está muerta, está frita. Nosotros, haciendo que 100% Noticias regrese como estaba antes del 21 de diciembre, estamos logrando un gran apoyo a la causa democrática y a la reestructuración en la refundación de la república en Nicaragua”, aseguró el periodista que continúa demandando al Estado que le regrese los bienes confiscados.
El relator de la CIDH, recordó que el canal 100% Noticias, sigue confiscado desde el 21 de diciembre de 2018, y además, que los únicos dos diarios de Managua, La Prensa y El Nuevo Diario, están siendo estrangulados por la retención arbitraria en las bodegas de aduana de las provisiones de papel y tinta.
Este 26 de agosto se cumple un año de la retención de papel y demás insumos necesarios al diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. El rotativo continúa circulando en una versión reducida de ocho páginas; no obstante, la retención indefinida del material empuja la desaparición de la versión impresa del periódico.
Sin embargo, periodistas oficiales agremiados en el Movimiento de Comunicadores Patrióticos, han reiterado en varias ocasiones que en Nicaragua existe libertad de expresión y de prensa.
Arlen Hernández manifestó que, “el Movimiento de Comunicadores Patrióticos dice sí a la libertad de expresión, y no al libertinaje que practican estos medios que promueven la maldad y el odio”.
Producto de la represión en Nicaragua, más de cincuenta periodistas se han exiliado en Costa Rica y otros países como España y Estados Unidos, por temor a las amenazas de muerte y de cárcel por el trabajo que realizaron en el país durante las protestas iniciadas en abril de 2018.
Hasta la fecha, el gobierno de Nicaragua no ha cumplido los acuerdos asumidos con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sobre la responsabilidad del Estado de garantizar el pleno y libre ejercicio del periodismo, devolver los bienes confiscados y permitir la importación de papel, maquinaria y equipos para los medios de comunicación.
