La conclusión de las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia preocupa profundamente a los nicaragüenses y varios analistas consideran que este escenario acerca al país a un colapso económico y social.
Sin embargo, el diputado y negociador gubernamental Wilfredo Navarro descarta totalmente la posibilidad de continuar el proceso de diálogo y asegura que las reformas electorales solicitadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), será únicamente acordada con los partidos políticos.
“No tenemos nada que negociar con la Alianza Cínica, con quien vamos a negociar las reformas electorales, lo hemos dicho hasta la saciedad, es con los partidos políticos, ellos podrán querer hacer un show, pero definitivamente nosotros no estamos sujetos a los chantajes a las amenazas”, dijo el parlamentario.
Navarro acusó a la opositora Alianza Cívica de estar deslegitimada, y de no representar los intereses de los nicaragüenses.
La OEA solicitó al gobierno de Nicaragua realizar reformas electorales para fortalecer la institucionalidad del país en un plazo no mayor de seis meses. Mientras la opositora Alianza Cívica propuso al organismo regional adelantar las elecciones previstas para el 2021.
Azahalea Solís, integrante de la Alianza Cívica manifestó que el gobierno no puede elegir a conveniencia con quien negociar. “No puede Ortega venir y decir con quien va a negociar. No puede venir y decir que va sentarse con gente que le diga que sí a un pacto para salir con una medida cosmética de esta situación, aquí se necesitan cambios profundos, que tienen que ver con la liberación total de los presos políticos, el restablecimiento de la libertad, el desarme de los paramilitares, el retorno seguro de los exiliados y un acuerdo que permita el adelanto de las elecciones”, enfatizó.
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición eran una medida para encontrar una salida pacífica a la crisis social que vive el país, iniciada en abril de 2018 cuando las protestas sociales por las reformas al seguro social fueron reprimidas cobrando la vida de más de 300 nicaragüenses, según organizaciones no gubernamentales. Después de varios impases, el gobierno ha dado por concluido el proceso sin respuestas concretas para el conflicto.
El primer diálogo inició en mayo del 2018, mediado por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), sin embargo, culminó luego de que el presidente Daniel Ortega los acusara de “golpistas y terroristas”. Un segundo intento se inició el 27 de febrero del 2019. La Alianza Cívica abandonó las negociaciones después del asesinato del preso político Eddy Montes en el sistema penitenciario “La Modelo” y luego el gobierno se negó a retomarlas cuando la oposición política lo emplazó a continuar dialogando.
Durante el acto de celebración del 40 aniversario de la revolución popular sandinista, el presidente de Nicaragua dijo que dialogará directamente con sectores productivos, campesinos y artesanos, que según el mandatario deseen aportar significativamente a la reconstrucción del país.
Mientras analistas políticos sostienen que la decisión de sepultar el diálogo muestra la poca voluntad gubernamental de encontrar una salida al conflicto, y agrava la crisis social, política y económica que vive el país.
