Frustración, pero a la vez esperanza son los sentimientos encontrados de miles de inmigrantes indocumentados, legisladores pro-reforma y activistas que insisten en la implementación de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama.
Al cumplirse la fecha -19 de mayo- en que hubiese entrado en vigencia el alivio migratorio que protegería a padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes (DAPA), decenas de inmigrantes salieron a las calles en más de 30 ciudades en 20 estados del país.
Este grupo alentados por activistas, sindicatos y legisladores demócratas a favor de la reforma migratoria expresaron su frustración al ver la falta de acción del Congreso y ser testigos de cómo sus sueños están congelados por una resolución judicial que frenó la orden ejecutiva de Obama a petición de un veintena de estados, la mayoría bajo gobernación republicana.
"Estamos frustrados con esta política republicana, pero eso no quiere decir que perdemos la esperanza y el compromiso con la comunidad para seguir luchando", dijo Cristina Jiménez, directora de United We Dream Network.
"De la misma manera que ganamos DACA y DAPA (como se conoce a alivios migratorios en inglés) vamos a ganar esta demanda legal. Lo último que la comunidad pierde es la esperanza."
Pero el miedo a la deportación continúa dentro de una comunidad que se siente en el limbo. Ante esta situación el legislador Xavier Becerra invitó a las familias que reciban orden de deportación a ponerse en contacto con sus congresistas para que ellos puedan protegerlas.
A la espera de obtener un permiso de trabajo, autorización para viajar a su país o una licencia de conducir, los inmigrantes indocumentados siguen en "el limbo", criticó Clarissa Martínez de Castro, del Consejo Nacional de La Raza, una de las asociaciones hispanas más influyentes del país y que en 2014 llamó a Obama “deportador en jefe”.
Por su parte los republicanos mantienen su postura de oponerse a la acción ejecutiva del presidente Obama por considerar que el presidente se extralimitó de sus poderes ejecutivos y es inconstitucional.
Actualmente la decisión se encuentra en una cortede Nueva Orleans, pero si ese tribunal rechaza levantar el bloqueo de las medidas, el caso podría llegar a la Corte Suprema, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
