Un grupo de abogados junto al proyecto CARA y la organización Enlace se suman a la campaña nacional para cerrar los centros de detenciones para inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos diseñados para albergar familias porque lejos de velar por la seguridad del país son “un gran negocio”.
“Los políticos y las empresas están ganando millones al tener estos servicios y lo que se está haciendo es que cada vez más se está criminalizando a este grupo de personas por delitos que antes no eran delitos.
Mientras más tiempo permanezcan las familias recluidas en estos centros más dinero para las corporaciones que ganan entre $ 200 y $ 300 dólares diarios por cada familia”, señaló a la Voz de América, Daniel Carrillo, director de Enlace.
Para recoger impresiones de primera fuente un grupo de abogados pro bono se trasladó hasta el centro de detención familiar Dilley, que de llevarse a cabo su expansión se convertirá en uno de los más grandes al sur de Texas.
Carrillo sostuvo que el recinto en Dilley es inapropiado para albergar a mujeres y niños por lo que el gobierno debe considerar otras alternativas para estas personas que ingresan a Estados Unidos en calidad de refugiados.
“El ambiente en Dilley es muy tóxico. Los residentes nos han compartido su preocupacipón por la calidad del agua potable que es insalubre debido a la extracción de petróleo. Además no cuenta con espacio suficiente para el desarrollo de los niños que muchas veces pasan meses y hasta años en estos lugares”, señala el director de Enlace.
Como parte de la investigación del por qué estas personas permanecen tanto tiempo detenidas, Carrillo dijo que últimamente las políticas han cambiado y se han establecido fianzas de hasta $ 10 mil dólares, cantidad que las familias refugiadas están imposibilitadas de pagar.
“Nosotros al igual que los obispos católicos de Estados Unidos demandamos la libertad para todas las madres y mujeres recluidas en este tipo de centros que mas bien son prisiones. Estas personas deben permanecer en el lugar hasta que se reúnan con un juez, el cual es un proceso sumamente largo porque este grupo no es considerado prioridad. Se deben de buscar otras alternativas, al menos antes permitían que se queden con algún familiar mientras esperan su cita con el juez”, añade Carrillo.
Aunque no se tienen cifras exactas se sabe que el centro Dilley tiene capacidad para 2,400 personas y actualmente no está operando en toda su capacidad, pero “lo que sí sabemos es que cada 45 días anexan 480 familias conformadas por mujeres y niños hasta que alcancen el tope”, señala Carrillo.
“Estos centros existen porque hay prisiones privadas que trabajan con políticos. Es una colaboración corrupta que crea políticas antiinmigrantes. Necesitamos politicas pro inmigrantes, una reforma humana para que haya una manera para que las personas vengan legalmente al país y los que están aquí indocumentados puedan legalizarse”, finalizó el director de Enlace.
