Gobernadores y opositores venezolanos rechazaron este miércoles el anuncio del presidente en disputa Nicolás Maduro de otorgarle minas a los gobernadores “de los estados bolivarianos” del país para financiar sus presupuestos.
Maduro realizó la propuesta este martes en la tarde durante un encuentro con los mandatarios regionales. De los 23 estados que conforman Venezuela, 19 están gobernados por el oficialismo.
Si bien Maduro no especificó, las entidades que se quedarían por fuera serían: Nueva Esparta, dónde se encuentra la reconocida isla de Margarita; Mérida, en la parte andina del país; el fronterizo estado Táchira, y Anzoátegui.
Las respuestas y reacciones no se hicieron esperar.
Ramón Guevara, gobernador de Mérida, emitió un comunicado en el que, si bien no menciona la propuesta de Maduro, indicó que se compromete a volver a “un sistema real que distribuya nuestras riquezas por igual en apego al ordenamiento jurídico vigente”.
Aseguró que este tipo de planteamientos, más allá de traer soluciones “reales y tangibles, deja ver la falta de voluntad política para resolver la crisis que se agrava”.
Mientras tanto, Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira, indicó a través de un tuit que “ninguna estrategia del Régimen nos distraerá”. “Decidimos ponernos del lado del Pueblo que vive la crisis, por eso asumimos la gobernación”, indicó.
El parlamento, de mayoría opositora, tampoco fue indiferente al anuncio. Ángel Medina, presidente del Parlatino capítulo Venezuela, oriundo del estado Bolívar, aseguró que esta propuesta es inconstitucional e ilegal.
“Rechazamos este intento que, a nombre del federalismo, a nombre de la voracidad, a nombre del simple hecho de poder seguir destruyendo a la naturaleza, se vienen haciendo este tipo de denuncias (…) estas ideas”.
María Gabriela Hernández, diputada, presidente de la subcomisión del cambio climático de la AN y vicepresidente Parlamento Amazónico, afirmó que este otorgamiento de minas no se da desde el anuncio de Maduro.
Explicó a la Voz de América que desde hace meses “se le entrega a contratistas y a personas particulares (…) minas, en pleno proceso productivo, para que ellos, una vez extraído el mineral del que se trate, puedan hacerse de recursos”.
Calificó esta situación de “grave” e indicó que era parte del “desorden administrativo” del gobierno en disputa. Desde el punto de vista ambiental, indicó que está “fuera de toda norma para la protección del ambiente”.
Franklyn Duarte, diputado por el estado Táchira, indicó a la VOA que se trataba de parte de su “show mediático” y de una “distracción”.
Aseguró que es una medida imposible de materializar porque “es territorio de grupos irregulares, eso es un control absoluto”. “Esto no va tener ningún efecto”, indicó, agregado que, en su estado fronterizo, “aumenta la crisis” y es “un caos total”.
Con colaboración de: Luisana Solano.
