La reanudación del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición en México sigue en suspenso. Para dirigentes de oposición, Maduro busca “ganar tiempo” al condicionar la continuidad de las negociaciones a la liberación de recursos congelados en el extranjero, una situación en la que, coinciden analistas políticos, pierde el “país”.
Maduro aseguró esta semana que su gobierno no tiene “garantía”, “certeza” ni “motivación” para volver a sentarse a la mesa de diálogo, argumentando que la oposición ha incumplido el acuerdo para crear un Fondo de 3.000 millones de dólares con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la ONU para atender las necesidades más urgentes en Venezuela.
El mes pasado el coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación en México, Gerardo Blyde, aseguró que se encuentran haciendo frente a diversos problemas “previsibles”, negó que estén incumpliendo el acuerdo, precisó que no se establecieron lapsos para la liberación de recursos y recordó que el acuerdo establece que los fondos serán “incorporados progresivamente”.
Julio Borges, diputado del Parlamento de 2015 y vicepresidente de relaciones internacionales del partido Primero Justicia (PJ) estima que hay “mala fe” de parte del gobierno que a su juicio no quiere avanzar en temas de DDHH y derechos políticos.
Borges afirma que se trata de una “estrategia” para tratar de bajar presión sobre el proceso de México, y advierte que la comunidad internacional no debe “caer en la presión” de Maduro.
“Para que sienta que se pueden abrir negociaciones particulares con intereses petroleros o energéticos o políticos”, dijo el jueves a corresponsales extranjeros.
El dirigente político, Ángel Medina, añade que son “excusas” para trabar las conversaciones políticas que permitan lograr garantías en venideras elecciones.
Maduro, a finales de noviembre del año pasado, condicionó las garantías electorales al levantamiento de sanciones.
“¿Elecciones libres quieren, justas y transparentes?, elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas, buenas, en el momento en el que la Constitución determina, el Consejo Nacional Electoral (CNE) como órgano rector”, advirtió.
“Pierde el país”
Analistas políticos coinciden en que los venezolanos serían los grandes perdedores en caso de que el proceso de diálogo se suspenda definitivamente.
Oswaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político e inteligencia de entorno y campañas electorales, estima que, en el corto plazo, la oposición perdería al no lograr las condiciones y garantías para un proceso electoral; a la vez, recuerda que si Maduro no demuestra “ciertos compromisos” la posibilidad de flexibilización de sanciones podría revertirse.
En ese sentido, Indira Urbaneja, analista política y CEO de Reunificados, una organización sin fines de lucro que aboga por la mediación y la reconciliación, cree que el gobierno tendrá volver a la mesa de diálogo porque “necesita” flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos y sostiene que un acuerdo político es la “llave” de entrada para que ese escenario pueda darse.
Tras la firma del acuerdo en México en noviembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a ese país.
“Si las partes no vuelven a la mesa de diálogo se complica la situación interna, recordemos que en este momento el gobierno tiene muy pocos ingresos (…) para que el gobierno de Nicolás Maduro pueda obtener cash y una licencia más flexible va a tener que volver a México”, insiste.
El Observatorio de Conflictividad Social documentó 1.262 protestas solo en el mes de enero, lo que se traduce en un incremento de 136 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Representante del sector educativo, que exigen un aumento salarial que les permita costear sus necesidades más básicas, se ha mantenido permanentemente en las calles.
Puente directo Caracas-Washington
El año pasado quedó en evidencia que funcionarios de la Casa Blanca y el gobierno de Maduro establecieron puentes directos.
No solo se abordaron temas de “seguridad energética”, como se confirmó a principios de 2022, también se concretó la liberación de 7 estadounidenses, entre ellos 5 ex ejecutivos de Citgo, a cambio de dos sobrinos de la pareja presidencial venezolana que estaban detenidos en EEUU por delitos de narcotráfico.
¿Es posible que esas las negociaciones directas se mantengan? A juicio de Ramírez pudieran continuar para evaluar cómo alcanzar, entre otros, tres objetivos: revertir la migración venezolana, generar condiciones en el país para frenar la migración y la cooperación en materia energética para “paliar” la crisis mundial, consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.
Consultado por VOA sobre la posibilidad de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pueda convertirse en el nuevo gran facilitador de un proceso de diálogo con la oposición, Ramírez observa que está jugando el rol de “llevar y traer la voz” de parte de la comunidad internacional a Maduro.
“Lo complejo es entender que destrabar el nudo gordiano que tiene hoy parte de la oposición venezolana en su entendimiento de cómo enfrentarse al gobierno y cómo entender las dinámicas que, estratégicamente, pareciera que no comprenden algunos de estos actores, no tiene que ver con la posibilidad cierta de que continúe la intermediación de Noruega, Colombia o cualquier otro país”, afirma.
Urbaneja no descarta la posibilidad de que Petro empiece a tener un papel de “mediación más efectiva” y que el proceso cambie de escenario.
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