La oposición venezolana insiste en su pedido a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que aumente sus presiones al gobierno de Nicolás Maduro para lograr una transición política, pero analistas discrepan sobre la efectividad, firmeza y rapidez de esos apoyos, a pesar de medidas recientes como la revocatoria de licencias petroleras por parte de la administración de Donald Trump.
Con poco más de un mes en el poder, Trump anunció recientemente que su gobierno revocaría las licencias de operaciones petroleras en Venezuela autorizadas por el expresidente demócrata Joe Biden.
Según explicó el presidente Trump, Maduro incumplió un acuerdo de recepción de migrantes deportados desde Estados Unidos, así como los pactos político-electorales firmados en Barbados con sus opositores gracias a la mediación de países extranjeros.
La suspensión de licencias fue aplaudida por María Corina Machado, líder de la oposición, en la clandestinidad dentro de Venezuela. “Es un gran paso y envía un mensaje claro y firme de que Maduro está en graves problemas y que el presidente Trump está con el pueblo venezolano”, dijo, horas después de conocerse la medida, en una entrevista con el hijo del presidente, Donald Trump Jr.
“Esto es lo correcto (…) el pueblo venezolano, en este momento, siente que no estamos solos”, insistió, enfatizando el apoyo de Trump a “la causa de la libertad” en Venezuela.
Semanas antes, algunos voceros de la oposición se mostraron críticos con la suspensión de programas migratorios para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos y además con la reunión entre el enviado especial norteamericano Richard Grenell y Maduro, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.
Esta semana, la Casa Blanca reiteró que el presidente Trump "ha dejado muy clara su posición" de que "se opone al régimen de Maduro", luego que Grenell dijera en una entrevista que Trump “no quiere un cambio de régimen” en Venezuela.
Previamente, Edmundo González, líder opositor que dice haber ganado la elección presidencial del año pasado con amplia ventaja con base en las actas de votación, había remarcado desde su exilio la importancia de que el mundo siga presionando a Maduro.
En enero, días luego de que Maduro se juramentase como gobernante por otro período de seis años a pesar de las denuncias opositoras de fraude electoral, González pidió “más presión” a la comunidad internacional para lograr un cambio político.
“Este es el único lenguaje que entienden”, afirmó el dirigente, que dijo estar por iniciar la tercera fase de su gira en el extranjero, que ya lo ha llevado a Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Estados Unidos y algunos países europeos.
Un escenario distinto a 2019
La oposición venezolana parece encontrarse frente a “un escenario muy distinto” al de la primera presidencia de Trump, entre 2016 y 2020, opina la politóloga y docente universitaria residenciada en Estados Unidos María Puerta Riera.
En 2019, el presidente republicano desconoció a Maduro como jefe de Estado legítimo, apoyó al líder antichavista del parlamento Juan Guaidó como gobernante interino de Venezuela y secundó un cambio de gobierno sin descartar las opciones militares.
“Sus prioridades son otras, y la transición democrática en Venezuela no parece estar en esa lista”, apunta Riera, mencionando que el mensaje de Trump sobre la revocatoria de licencias petroleras prioriza los retrasos en los vuelos de deportados hacia Caracas.
“Y su referencia a las elecciones no era muy clara. Su interés es el tema migratorio, donde ha puesto a los venezolanos en una situación sumamente comprometida”, asegura.
Según Puerta Riera, la administración Trump no tiene “una relación cercana con la oposición”, al menos no durante las primeras semanas de su segundo mandato.
El respaldo es "significativo"
Otros analistas, como el politólogo Walter Molina Galdi, residenciado en Buenos Aires, creen que la oposición venezolana cuenta con “un respaldo significativo de la comunidad internacional” y que la falta de legitimidad de Maduro ante el mundo es “evidente”.
“El mundo entero sabe lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela. Y eso no es menor aun cuando haya quienes busquen minimizarlo”, comentó a la Voz de América.
A su juicio, el apoyo mundial a líderes como Machado y González no es sólo simbólico.
“Se trata de la comprensión de que la permanencia del chavismo representa una crisis política, delincuencial y humanitaria que afecta a toda la región”, indicó.
Molina Galdi recordó que figuras clave del gobierno de Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio, su asesor Mike Waltz, el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau, “han expresado un firme respaldo a la causa democrática en Venezuela”.
El experto advierte, sin embargo, que el presidente de los Estados Unidos puede resultar “impredecible” en algunas de sus estrategias de política exterior.
Comienzan a verse algunos pasos
El politólogo José Vicente Carrasquero coincide en que Machado y González tienen “un reconocimiento internacional importante”, que quedó especialmente latente en las visitas del dirigente opositor a presidentes de la región, como Javier Milei, en Buenos Aires.
A su entender, La Casa Blanca “parece haber comenzado a tomar acciones para presionar” que se reconozca el resultado que la oposición dice haber obtenido en las elecciones del 28 de julio, con base en más del 85 % de las actas de votación.
Carrasquero opina que Trump parece identificar a González como un líder político “más comprometido” con un cambio democrático en Venezuela. No obstante, resaltó la falta de apoyos más visibles de gobiernos de la izquierda regional.
Esos respaldos a la causa opositora venezolana están “ausentes” en la agenda de los presidentes de Brasil, Colombia y México, precisó.
“Es lamentable no contar con esos tres grandes países en la región, que traerían un peso importante a esa oposición internacional contra el terrorismo criminal que existe en Venezuela en este momento”, aseguró.
La oposición enfrenta actualmente discrepancias internas sobre su eventual participación o no en las elecciones regionales y parlamentarias previstas para mayo. Asimismo, persisten las exigencias dentro y fuera del país suramericano para que el gobierno de Maduro libere a los más de 1.000 presos políticos y respete los derechos humanos.
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