El gobierno interino de Bolivia advirtió que vetará una iniciativa legislativa que le otorgaría una amnistía al expresidente Evo Morales, actualmente asilado en México, si es aprobada por el Congreso.
La llamada Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos fue aprobada el viernes por la Cámara de Diputados, dominada por el Movimiento al Socialismo (MAS) -el partido de Morales- y pasará el Senado, también de mayoría “masista”.
Entre sus disposiciones establece “la tramitación de salvoconductos para personas que tramitan asilo”, lo que podría favorecer al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, refugiado en la embajada de México en La Paz y en contra de quien el gobierno presentó cargos por “terrorismo y sedición”, los mismos que se le atribuyen a Morales por supuestamente promover las protestas que dejaron 35 muertos, según el Defensor del Pueblo.
También regula cómo se llevarán a cabo y resolverán los juicios por los delitos cometidos por el presidente, el vicepresidente y otras autoridades en el ejercicio de sus funciones y otorga garantías a dirigentes sindicales, muchos de los cuales son investigados por alentar las manifestaciones.
Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre tras ser acusado de fraude electoral en los comicios del 20 de octubre en los que buscaba un cuarto mandato.
“Esta es una ley de amnistía para Evo Morales, Juan Ramón Quintana, dirigentes y exautoridades del MAS. Es un exceso y un insulto al pueblo boliviano porque lo que buscan es que queden impunes de todos los delitos de terrorismo, de sedición, de organización criminal y crímenes de lesa humanidad”, manifestó el diputado por la Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos.
Se prevé que la iniciativa pase al Senado la noche del viernes.
La presidenta interina Jeanine Áñez ya había adelantado que no la promulgará si se convierte en ley. “Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley, no podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”, señaló.
Tras la aprobación en la cámara baja el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anticipó que de ser ley podría ser vetada porque es “una norma política que está intentando dividir el país”.
“Creo que el que nadie tiene, nada teme; ya la Constitución protege a los ciudadanos”, agregó.
Mientras tanto, varios sectores anunciaron protestas contra el proyecto.
