El punto de encuentro era el parque Cuscatlán en el centro histórico de la capital de El Salvador. Amaneció el 12 de diciembre y los salvadoreños descontentos con el gobierno de Nayib Bukele buscaban llegar a ese parque para emprender la tercera manifestación de los últimos tres meses. Pero los autobuses que los trasladaban se retrasaron y otros no llegaron.
La “Fuerza Operativa Conjunta Anticriminales” de la Policía de El Salvador llevaba horas instalada en varios puntos de acceso a la capital salvadoreña.
El propósito oficial era “detectar ilícitos”. Pero los grupos de manifestantes que iban hacia San Salvador reportaron que cerca de 27 autobuses, que llevaban carteles como “¿Cuál es la ruta?”, “Sacar al dictador”, fueron detenidos por la mencionada unidad policial.
"Generando terror"
El gobierno salvadoreño no ha usado balas o gases lacrimógenos para disuadir las grandes marchas del 15 de septiembre, del 17 de octubre y del 12 de diciembre. No ha sacado al Ejército o a la Policía a las zonas de protestas para reprimir de manera violenta a los manifestantes. Pero lo que sí cuestionan los opositores es que horas antes de las manifestaciones, la Policía haya instalado decenas de retenes con hasta 20 oficiales cada uno.
“Las marchas tienen cierta afluencia de personas; y es claro que una forma de poder impactar en esa afluencia es generando temor. Nadie quiere encontrarse con militares o policías y que les vayan a quitar el carro como ha pasado con muchos”, dijo a la Voz de América, Wilson Sandoval, profesor de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Las prácticas de la Policía distan de las palabras del mandatario salvadoreño, quien restó importancia a la manifestación del 12 de diciembre con un mensaje en su cuenta de Twitter.
Mientra, el gobierno estadounidense señala por corrupción a piezas clave del gobierno salvadoreño, Bukele ha dicho que Estados Unidos es el principal financista de esas marchas. Por lo que propuso a la Asamblea controlada por su partido una ley que capte el 40 % en impuesto de la cooperación internacional.
La propuesta sigue al reciente anuncio del presidente Joe Biden de destinar 300 millones de dólares a organizaciones civiles del Triángulo Norte de Centroamérica.
Eso ha desatado la fractura bilateral más fuerte de la historia reciente entre el gobierno de El Salvador y Estados Unidos. La exembajadora interina Jean Manes no se retiró de El Salvador sin antes comparar los movimientos de Bukele en el gobierno con la consolidación autocrática de Hugo Chávez en Venezuela.
“El gobierno ejecuta acciones discursivas para aminorar el impacto o tratar de aminorar el impacto y el tamaño de las manifestaciones, pero también ejecuta acciones legales como los retenes y la Ley de Agentes Extranjeros que quiere aprobar la Asamblea para obstaculizar el ejercicio del derecho ciudadano a la libre manifestación”, dijo a la Voz de América el abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana.
Pese a que Bukele tiene una aprobación interna del 7,64 (en una escala de 10), según una encuesta de septiembre hecha por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), su popularidad sigue siendo alta. El mandatario lleva dos años y medio en el gobierno tras desplazar a los principales partidos políticos de la posguerra.
Recientemente ha acaparado los focos nacionales e internacionales tras defender la destitución de las cabezas de la Corte Suprema de Justicia y del exfiscal general llevadas a cabo el 1 de mayo por el partido fundado por su primo Xavi Zablah Bukele: Nuevas Ideas.
“Marchamos por los desaparecidos, por la destitución de los jueces, por los derechos humanos, por los periodistas acosados, por los tuiteros amenazados, por los espacios interrumpidos, por la corrupción de paquetes alimenticios, por los presos políticos, por la independencia de poderes y las relaciones con Estados Unidos”, detalló a la Voz de América Roberto Dubón, asesor en comunicación política y una de las voces más fuertes de las marchas.
¿Qué dicen otras fuerzas políticas?
“Vemos a todos los diputados, a todos los ministros, a todos los funcionarios hablando de las marchas. ¿Y que no es irrelevante, pues? Ahí hay una contradicción. Al final no quieren aceptar que hay un descontento real y que la gente está hablando en las calles”, expresó la legisladora Claudia Ortiz del partido VAMOS.
Por otra parte, el legislador del partido de derecha ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que las declaraciones del presidente Bukele al atribuir el financiamiento de las marchas a Estados Unidos son irresponsables.
“En realidad es el pueblo salvadoreño el que con su esfuerzo paga un pasaje para poder mostrar su descontento con cómo se está gobernando el país: por el alza en el precio de la canasta básica, por los actos de corrupción, por las vinculaciones con grupos criminales y el incremento de la violencia”, dijo.
Los dos años y medio de gobierno de Bukele se han caracterizado por altibajos. Tras llevarse los aplausos al gestionar de manera ágil la vacunación anticovid, las marchas concentran cada vez más ciudadanos de organizaciones civiles, centros académicos, grupos de iglesias y colectivos de identidad, cada uno con un reclamo distinto.
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