El gobierno del presidente Barack Obama solicitó a una corte que bloquee partes de una nueva ley de inmigración de Carolina del Sur, argumentando que son inconstitucionales y que interfieren con la autoridad federal migratoria.
El departamento de Justicia emitió una declaración, dando a conocer que la ley de Carolina del Sur se contradice con las políticas y prioridades adoptadas por el gobierno federal y que por lo tanto no pueden entrar en efecto.
También agrega que la Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una red paralela de políticas migratorias por todo el país.
La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, hija de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, legalmente, desde India, firmó la ley en junio pasado. La nueva normativa tiene previsto entrar en efecto el 1º de enero.
Un portavoz de la gobernadora Haley dijo que Carolina del Sur se vio obligado a aprobar su propia ley debido a la inexistencia de una estricta legislación federal. "Si los federales hicieran su trabajo, no tendríamos que abordar una reforma contra la inmigración ilegal a nivel estatal", dijó Rob Godfrey. "Pero, hasta que lo hagan, vamos a seguir peleando en Carolina del Sur a fin de aplicar nuestras leyes", agregó.
La medida requiere que después de concretar una detención, la policía contacte a funcionarios federales de inmigración para verifique el estatus migratorio de aquellos de los que se sospecha se encuentra en condición de indocumentado en Estados Unidos.
En estados como Arizona, Alabama, Georgia, Utah e Indiana han sido bloqueadas secciones de leyes de inmigración similares.
El fiscal federal Bill Nettles dijo a The Associated Press, que el gobierno quiere que un juez impida la aplicación de la ley. "El Departamento de Justicia tiene tareas muy importantes" entre las cuales destacó que "dos de esas importantes tareas son la defensa de la constitución y garantizar que la justicia se aplicada por igual", agregó.
El fiscal Nettles afirmó que la ley es inconstitucional y viola el derecho de las personas a un debido proceso. La demanda presentada en un tribunal federal nombra a la gobernadora Nikki Haley como la demandada.
Sin embargo, el portavoz del procurador estatal Alan Wilson, que representará a la gobernadora Haley, dijo que el estado no ha recibido ninguna comunicación sobre la demanda.
