El presidente Sebastián Piñera promulgó el martes una reforma tributaria que incrementa los impuestos a los más ricos en Chile.
Con la medida se espera recaudar 2.200 millones de dólares anuales para favorecer a las pequeñas y medianas empresas y a los adultos mayores, que verán disminuidos sus impuestos territoriales, es decir, aquellos que afectan a los bienes raíces. La reforma llega cuatro meses después del estallido social que llevó a Piñera a ofrecer mejoras sociales y económicas.
“De esa manera somos capaces de enfrentar una situación muy especial como la que hemos vivido sin comprometer el futuro de nuestro país”, dijo Piñera.
La reforma fue promulgada en un acto en la sede de gobierno, durante la cual el mandatario enfatizó en la necesidad de financiar con ingresos permanentes las onerosas mejoras exigidas en las protestas multitudinarias que, desde el 18 de octubre, le obligaron a abandonar su programa de gobierno y, sobre la marcha, delinear una agenda social para calmar a la calle.
Diversas encuestas muestran que los más necesitados no están contentos con la respuesta del gobierno y continúan demandando cambios estructurales en salud, educación, pensiones y salarios, entre otras.
El impuesto global complementario a las rentas superiores a 18.580 dólares mensuales subirá progresivamente de 35% a 40%. También se elevarán los impuestos territoriales a los bienes raíces tasados sobre 500.000 dólares. Los adultos mayores cuyos ingresos sean inferiores a 805 dólares al mes quedarán eximidos de pagar impuestos territoriales y los de ingresos superiores a los 1.800 dólares pagarán la mitad.
Además, se reformularon los cálculos de impuestos que favorecen a las pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, que incluyen, por primera vez, el pago de tributos a las plataformas digitales, como Netflix.
El proyecto de reforma tributaria estuvo detenido por más de un año en el Congreso hasta noviembre pasado, cuando el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, logró un acuerdo con líderes de la oposición a cambio, entre otras medidas, de eliminar una modificación que en la práctica favorecía a las grandes empresas.
Entre las concesiones del mandatario que están vigentes, tras un inédito acuerdo político entre oficialistas y opositores, exceptuando al Partido Comunistas que se borró, está un plebiscito que decidirá el 26 de abril si los chilenos quieren una nueva Constitución.
También se incrementaron en un 50% las pensiones de los más desposeídos mayores de 80 años, cuyas jubilaciones pasaron de 136 a 204 dólares. En porcentajes menores se incrementaron los ingresos de los que tienen entre 65 y 79 años, que alcanzarán el 50% de alza en 2022.
Tras el estallido social fueron muchas las cesiones de Piñera, y un gran número de ellas están pendientes en el Congreso, como un pequeño incremento en los ingresos mínimos y en las jubilaciones de pensionados pertenecientes a chilenos de clase media que están más cercanos a la pobreza.
Múltiples organizaciones gremiales y sociales se aprestan a reanudar sus presiones al gobierno en marzo próximo, mes para el cual hay múltiples convocatorias a protestas y paros
