Levantan los bloqueos en la región peruana de Puno, dando fin a las protestas antimineras que dejaron cinco muertos después de que el gobierno anunciara medidas contra la explotación de recursos naturales.
El gobierno de Alan García revocó la polémica concesión minera a una empresa canadiense, siguiendo la legislación que los manifestantes exigían de considerar las opiniones de los grupos indígenas, zona fronteriza con Bolivia, antes de hacer concesiones a las firmas privadas y construir nuevas minas o proyectos de petróleo.
El final de la legislatura de Alan García se ha complicado en estos últimos meses por las protestas antimineras, dejándole un legado complejo al mandatario electo, el nacionalista de izquierda Ollanta Humala, que asumirá el 28 de de julio.
Preparando el terreno, Humala afirmó que las concesiones mineras generan el 70% de los conflictos sociales en Perú e instó al gobierno a resolverlo y no esperar que lo haga la próxima administración.
"Espero que el Gobierno o las personas encargadas por el propio presidente de la República estén trabajando para evitar la continuación de estos estados de convulsión social que no ayudan a nadie", afirmó Humala, según recoge la agencia Reuters.
Las protestas se vienen repitiendo en Puno, donde la quema de vehículos y los piquetes han sido el caldo de cultivo para revocar la concesión. Como resultado, al menos cinco personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en el choque entre los manifestantes y la policía.
La cancelación de la concesión del proyecto Santa Ana de la minera Bear Creek es ya la segunda medida de este tipo que emprende el gobierno en los últimos dos meses, con la amenaza de frenar más planes vitales para el auge económico, señalan los analistas
La nación sudamericana alberga vastas reservas de minerales e hidrocarburos, que atraerían inversiones por unos $55.000 millones de dólares para la próxima década, indica Reuters.
