El Pentágono rechazó un pedido del Distrito de Columbia para que la Guardia Nacional asista en lo que la alcaldesa Muriel Bowser ha llamado “una crisis humanitaria creciente” causada por el envío de miles de migrantes a la capital estadounidense en autobuses desde dos estados en el sur.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, se negó a proveer personal de la Guardia y el uso de las instalaciones del arsenal y arena DC Armory para la recepción de migrantes en Washington DC, dijeron funcionarios de defensa.
Un funcionario, que habló en condición de anonimato por estar discutiendo una decisión no anunciada, dijo que el programa de alimentos y albergue de la Agencia Federal para Administración de Emergencias (FEMA) asignó fondos para lidiar con el problema, pero no los suficientes.
La alcaldesa Muriel Bowser pidió formalmente a la Casa Blanca el mes pasado un contingente por tiempo indeterminado de 150 soldados de la Guardia Nacional por día y una “localidad federal adecuada” para un centro de albergue y procesamiento masivos, mencionando la Armory como candidato lógico.
La crisis comenzó en la primavera cuando los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y Arizona, Doug Ducey, anunciaron planes para enviar a los migrantes a Washington en respuesta a la decisión del presidente Joe Biden de levantar una orden de la era de la pandemia que restringía los números de migrantes que podían entrar al país.
La municipalidad del Distrito Federal estima que hasta 200 autobuses han llegado a la estación ferroviaria Union Station con unos 4.000 migrantes, muchos de ellos sin recursos ni idea del próximo paso.
Una coalición de grupos de beneficencia locales ha estado trabajando para alimentar y albergar a los migrantes, con ayuda de 1 millón de dólares de FEMA. Pero los organizadores han advertido que sus recursos y personal están a punto de agotarse.
“Esta dependencia de las organizaciones sin fines de lucro es insostenible: están abrumadas y escasas de recursos”, dijo Bowser en su carta.
La alcaldesa ha dicho reiteradamente que el influjo está afectando la capacidad de su gobierno de atender a sus propios desamparados y requiere ahora una respuesta federal.
Bowser acusó a Abbott y Ducey de “juegos políticos crueles” y dijo que ambos habían “decidido usar a personas desesperadas para anotarse puntos políticos”.
La alcaldesa no tiene la autoridad para ordenar el despliegue de la Guardia Nacional, un asunto que se ha adquirido una carga emocional en años recientes como un símbolo del estatus del distrito como menos que un estado.
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