El Parlamento Europeo emitió ese jueves una resolución en la que condena un intento de golpe de Estado en Guatemala y pidió que se respeten los resultados electorales.
Por una abrumadora mayoría de 432 votos a favor, nueve en contra y 39 abstenciones la resolución del Parlamento Europeo exigió “el respeto a la voluntad democrática de los guatemaltecos" y pidió "sanciones contra actores antidemocráticos”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter, el diputado Jordi Cañas, quien también fue jefe de la misión de observación electoral en el país centroamericano.
La resolución reclamó además sanciones para quienes obstaculizan la democracia y pidió al Consejo Europeo medidas restrictivas como inmovilización de activos y la prohibición de viajar para la fiscal general Consuelo Porras, sus fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda.
La Fiscalía guatemalteca mantiene una arremetida contra el proceso electoral, intentando anular las elecciones y contra el presidente electo Bernardo Arévalo, quien ganó el balotaje del 20 de agosto con 60,9 % de los votos.
La solicitud de sanciones también incluye al juez Fredy Orellana quién lleva el control jurisdiccional de los casos contra el proceso electoral, por "instrumentalizar sistemáticamente el Poder Judicial para debilitar el Estado de derecho y criminalizar a figuras de la oposición".
![El presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo (centro) visitó Costa Rica, invitado por su homólogo Rodrigo Chaves, en esta foto del 13 diciembre de 2023. [Foto: Casa Presidencial de Costa Rica].](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-6fa1-08dbfc2fbcd6_w100_r1.jpg)
Coincidiendo con la declaración europea, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala amparó este jueves a varios ciudadanos que pidieron protección para asegurar que el 14 de enero, día en que deberá tomar posesión Arévalo, haya un traspaso del poder.
En su fallo, la Corte de Constitucionalidad dijo que “conmina al Congreso de la República y su Junta Directiva a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral dos mil veintitrés, conforme los decretos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral”, dice la resolución.
La corte también llamó al presidente saliente a promover la unidad nacional y la culminación de la transición conforme los procedimientos.
“Lo decidido en este fallo es sin perjuicio de las facultades de investigación, persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y jueces del orden penal para juzgar los casos en que se hubiere incurrido en ilícitos”, dijo la Corte.
Curruchiche no desmayó en sus acciones contra el proceso electoral y este jueves solicitó el retiro de la inmunidad de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, para investigarla por los supuestos delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.
El fiscal asegura que Alfaro debe ser investigada por haberse opuesto a que la Fiscalía secuestrara actas con los resultados electorales el 30 de septiembre, cuando allanó la sede electoral. Entonces Alfaro dijo que, según la ley y la Constitución, el Tribunal Supremo Electoral es el único ente del Estado facultado para la custodia de dichas actas.
La Fiscalía dirigida por Porras investiga un supuesto fraude electoral e irregularidades en la compra de un software de conteo paralelo y rápido de los resultados de las elecciones, así como a los magistrados electorales y a más de 125.000 ciudadanos que recogieron, contaron y resguardaron los votos en las elecciones.
La resolución del Parlamento Europeo llega después de que Curruchiche y Morales Lazo anunciaron el 8 de diciembre en una conferencia de prensa que habían solicitado que le retiraran la inmunidad a Arévalo para investigarlo por lavado de dinero y falsedad de documentos en la creación del partido Movimiento Semilla que lo llevó a ganar la presidencia.
“Esta resolución... demuestra que los partidos mayoritarios de la Unión Europea entienden que en Guatemala está ocurriendo un intento de golpe de Estado y están dispuestos a promover medidas firmes para frenarlo", dijo a The Associated Press Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, una de las entidades que solicitó las sanciones a la UE.
Pappier explicó que la resolución pide sanciones individuales contra los jueces y fiscales "responsables de los ataques contra la democracia, pone la atención en la respuesta a esta crisis por parte del presidente Alejandro Giammattei, las altas cortes, el Congreso y el sector privado, y recuerda que el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Centroamérica exige un respeto a la democracia”.
El 30 de noviembre, 107 diputados retiraron la inmunidad de los magistrados electorales para que sean investigados por la compra del software. Tras perder la protección los magistrados abandonaron el país.
En respuesta el gobierno estadounidense anunció sanciones para 300 guatemaltecos —entre ellos más de 100 diputados, empresarios, funcionarios de gobierno y civiles— por socavar la democracia en el país e intentar desconocer los resultados electorales.
Las acciones de la fiscalía han sido criticadas a nivel nacional e internacional y llevaron a que durante 20 días miles de personas bloquearan cientos de carreteras en todo el país. El rechazo a la fiscalía llevó a que autoridades indígenas del país mantengan por 75 días protestas frente al Ministerio Público exigiendo la renuncia de Porras.
Giammattei por su parte, ha intentado desmarcarse de las acciones de la fiscalía y ha dicho que por ley no puede pedirle la renuncia ni despedir a la fiscal.
La Misión de Observación Electoral de UE así como la de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y misiones nacionales avalaron las elecciones así como sus resultados y negaron que en el país se hubiese cometido un fraude.
Porras, Curruchiche y Orellana también han sido sancionados por Estados Unidos, que les retiró la visa de entrada.
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