El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este martes que la Fiscalía y el juez que han emprendido una arremetida contra él, el proceso electoral y su partido el Movimiento Semilla le han vedado su derecho constitucional a la debida defensa al negarle acceso al expediente de la investigación en su contra.
Arévalo se personó en el juzgado del magistrado Fredy Orellana en busca de información pero le fue negada.
“Treinta y tres veces nos han negado la fiscalía y 15 veces el juzgado, eso es negación del derecho de defensa... y sólo se explica porque ellos están conscientes de las mentiras y patrañas que están construyendo en este caso”, dijo Arévalo a periodistas.
“Es una carpeta hecha de mentiras y por eso no nos dan acceso”, añadió.
Desde hace casi seis meses la Fiscalía, liderada por la fiscal general Consuelo Porras, inició una arremetida contra el proceso electoral con el fin de evitar, según Arévalo, que pueda tomar posesión el 14 de enero como está establecido en la Constitución para gobernar el país los próximos cuatro años.
Aunque el gobierno de Alejandro Giammattei ha intentado desmarcarse de las acciones de la fiscalía y mantiene reuniones de transición con el equipo de Arévalo, los diputados de su partido y aliados se unieron a la Fiscalía desaforando a los magistrados electorales para que éstos fueran investigados por la compra de un software de conteo rápido y paralelo de los resultados de las elecciones generales.
Ante el retiro de inmunidad, los magistrados abandonaron el país.
Las acciones del Poder Judicial han causado alerta en la comunidad internacional, que ha advertido sobre un intento de golpe de Estado liderado por Porras.
El lunes Estados Unidos sancionó a 300 ciudadanos guatemaltecos entre los que se encuentran más de 100 diputados, empresarios, funcionarios de gobierno y particulares por socavar la democracia en el país centroamericano.
Este martes la Organización de los Estados Americanos (OEA) sesionará por cuarta vez sobre la situación en el país.