El papa Francisco expresó el martes su apoyo a la ciudad argentina de Rosario, acosada por la violencia de las bandas de narcotraficantes, y denunció que “sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero” no se habría llegado a ese grado de inseguridad.
"Queridos hermanos y hermanas rosarinos, estoy cerca de ustedes", dijo el pontífice argentino en su mensaje grabado en el Vaticano.
Rosario, situada en la provincia de Santa Fe y a 300 kilómetros de Buenos Aires, sufre desde hace semanas el recrudecimiento de la violencia de las bandas de narcos que operan allí desde hace años y muestran su poder mediante asesinatos aleatorios y a quemarropa en la vía pública y amenazas de muerte a las fuerzas de seguridad, autoridades políticas y hasta famosos futbolistas argentinos.
La víspera desconocidos arrojaron un paquete en el acceso al barrio privado donde se suele alojar el delantero del seleccionado albiceleste y jugador del Benfica, Ángel Di María, que contenía un mensaje dirigido a su padre y en el cual le advertía que si su hijo volvía a jugar en un club de su ciudad natal iban a matar a un familiar.
Preocupado por la ola de violencia narco, Francisco, de 87 años, instó además a “todos los sectores políticos” a dialogar y lograr un consenso para generar leyes y políticas “que acompañen un proceso de recuperación del entramado social” de Rosario.
Francisco llamó también a trabajar "sobre la demanda de drogas, a través de políticas de prevención”. Agregó que “el silencio del Estado en esta materia sólo naturaliza y facilita la promoción del consumo y comercialización de las mismas”.
El papa pidió que el Estado y “las instituciones intermedias” brinden espacios comunitarios en los barrios socialmente vulnerables donde los narcos pueden cooptar a jóvenes sin trabajo.
Asimismo destacó la necesidad de una justicia independiente “para investigar los entramados de la corrupción y del lavado de dinero que facilitan el avance del narcotráfico” y que el sector empresarial impida ”la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas".
La violencia de las bandas criminales se profundizó en Rosario a partir de la aplicación por parte de las autoridades de medidas de seguridad más severas en las cárceles donde los capos cumplen condenas, como su traslado a pabellones especiales y requisas durante las cuales les fueron secuestrados teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con los que seguían manejando el negocio narco en las calles de la ciudad.
Las bandas criminales contratacaron asesinando a quemarropa a dos taxistas, al chófer de un autobús y al empleado de una gasolinera, lo que ha generado protestas de los gremios del transporte urbano e inactividad en las escuelas.
El gobierno argentino envió a la ciudad fuerzas de seguridad federales y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas —con vehículos y armamento— y anunció un proyecto de ley para que los militares puedan operar activamente en el combate al narcotráfico, lo que hoy está vedado por ley.
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