Bajo la lluvia y en medio de la calle, Mario Cardozo come ávidamente un guiso de un recipiente de plástico que sostiene entre sus manos.
Mientras pincha los trozos de pollo que flotan en el caldo, el jubilado de 71 años vigila el carrito con ruedas donde ha guardado otros envases con comida que ha conseguido en el comedor comunitario del barrio de Constitución en Buenos Aires, en cuyas calles cada vez más gente revuelve los contenedores de basura. En unas horas se los llevará a varios vecinos de Merlo, una localidad al oeste de la capital.
El hombre dijo que va "por todos lados” recolectando comida. “De acá me voy a (buscar) la merienda a otro comedor”, contó a The Associated Press.
Desde hace dos meses un número creciente de personas acude a esos centros comunitarios agobiados por la licuación de sus ingresos a raíz de una disparada de los precios de los alimentos y servicios generada por las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre.
El costo de vida se disparó en Argentina después de que Milei impulsó una fuerte devaluación del peso en diciembre. Después recortó subsidios al transporte público y la luz y anuló los controles de precios en áreas como la educación y la salud.
Son recetas que el mandatario considera imperiosas para alcanzar el equilibrio fiscal y estabilizar la economía, pero que sufren los jubilados que cobran la pensión mínima y los trabajadores informales que no reciben las ayudas que el gobierno entrega a otros sectores empobrecidos.
Para muchos comedores el creciente flujo de asistentes se volvió difícil de manejar cuando el gobierno redujo o suspendió la entrega de alimentos en el marco de un drástico recorte del gasto público y de la revisión del modelo de asistencia vigente desde hace dos décadas, que considera oneroso para el Estado.
Esa abrupta caída de suministros, sostienen las organizaciones sociales que manejan los merenderos, las obliga a hacer malabares con la comida.
La situación tiene en pie de guerra a esas agrupaciones izquierdistas, que el lunes convocaron a distintos bloqueos en la capital y otros puntos del país.
A las puertas del comedor que lo asiste, dirigido por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Cardozo se quejó de que “al gobierno le falta humanidad y a nosotros los jubilados nos está matando”.
El hombre cobra unos 120.000 pesos (138 dólares) al mes de pensión y 45.000 (50 dólares) van destinados al alquiler de la habitación donde vive, que subió de precio.
La inflación en febrero fue de 13,2 % mientras que la interanual trepó a 276 %. Si bien en el mes pasado los precios escalaron a un nivel inferior al que subieron en enero (20,6 %), siguen devorando el poder adquisitivo de los argentinos y arrojando a muchos a la pobreza. Seis de cada 10 habitantes del país son pobres, según estimaciones privadas.
Marta Espíndola y Jorge Insaurralde acuden tres veces por semana al comedor de Constitución. “De la comida que nos dan el lunes dejamos algo para el día siguiente y el miércoles volvemos a buscar y luego el viernes”, explicó Insaurralde, de 66 años. “Procuramos comer bien al mediodía; a la noche tomamos una tacita de té o leche con pan”, agregó la mujer.
Mientras removían el guiso de pollo, zapallo y patata para los cientos de personas que esperaban bajo la lluvia, las cocineras explicaron que tienen que preparar más cantidad de comida con menos ingredientes.
Durante la pandemia en 2020, cuando la crisis golpeó con saña, ese centro comunitario cocinaba diariamente 50 ollas, cada una de las cuales rinde 150 raciones. Cuando la economía se recuperó bajó a 13 y desde que asumió el nuevo gobierno prepara 21.
La Iglesia católica ha advertido que “la comida no puede ser una variable de ajuste” y pidió “asistencia sin dilación” para los comedores, que ya venían sufriendo desabastecimiento desde el anterior gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).
El merendero de Constitución recibe únicamente alimentos del gobierno de la ciudad. En una situación mucho más acuciante están cerca de 20.000 comedores que recibían alimentos del Ejecutivo nacional y dejaron de hacerlo, lo que obligó a muchos a cerrar, señaló a AP Nicolás Caropresi, de la dirección general de la UTEP.
El Ministerio de Capital Humano sostiene que detectó maniobras discrecionales en la elección de los beneficiarios de los alimentos, que los costos para el Estado son altos, que el control de los productos una vez que abandonaban los depósitos estatales es nulo y que bajo el paraguas de las organizaciones sociales hay falsos comedores.
Caropresi señaló que el gobierno no ha presentado una denuncia ante la justicia de supuestos desmanejos de las organizaciones.
El ministerio fomenta la tarjeta Alimentar, que considera “la política más eficiente” al llegar sin intermediarios al bolsillo de 3,8 millones personas. Esa asignación fue incrementada y llega mayoritariamente a familias con hijos de hasta 14 años y embarazadas.
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