El gobierno de Nicaragua afronta en estos días el reto de aprobar el presupuesto para el próximo año en circunstancias adversas, con una economía en declive, con las puertas de los organismos financieros internacionales cerradas, y sin una idea clara de cuándo se verá un repunte de sus finanzas.
El proyecto de presupuesto presentado esta semana en la Asamblea Nacional fue catalogado por el presidente Daniel Ortega como austero y muy limitado, debido la crisis política que ha ocasionado una contracción de la economía, afectando severamente la recaudación de impuestos.
«El presupuesto tuvimos que reducirlo, lo que estamos haciendo es consolidar lo que hemos logrado avanzar pero no podemos hablar de que vamos a llevar un presupuesto mayor del que ejecutamos en el año 2018», expresó Ortega.
Y es que según el Fondo Monetario Internacional, la economía nicaraguense se ha contraído este año en un 5 por ciento. Para el próximo año pronostican una contracción de un 2 por ciento. Y no anticipan crecimiento sino hasta en el 2023. Pero el gobierno maneja otras proyecciones y habla incluso de un superávit fiscal a partir del año próximo.
“Las autoridades del gobierno tiene que tener el cuidado de hacer las proyecciones con realismo y no con ilusiones”, afirmó el diputado conservador, Alfredo César, ex presidente del Banco Central de Nicaragua. “La realidad es que Nicaragua no está siendo sujeto de crédito en los organismos financieros principales como el Fondo Monetario Internacional y el banco mundial”.
El proyecto de presupuesto ronda los 2,900 millones de dólares, y según el gobierno, será financiado básicamente por la recaudación de impuestos y unos 60 millones en donaciones, ya que actualmente Nicaragua no tiene acceso a los organismos financieros.
Estados Unidos ha suspendido todo tipo de financiamiento y programas de ayuda al gobierno de Ortega como resultado de la represión política que se vive en el país desde marzo del año pasado. Lo mismo ha sucedido con la Unión Europea, cuyo nuevo director de Política Exterior, el español Joseph Borrell ha hecho insistentes llamados para que Bruselas imponga más duras sanciones al régimen de Ortega. También han desaparecido de Nicaragua los caudales de fondos de la cooperación venezolana.
Ante la incertidumbre que impera, tanto el presidente Ortega como su vicepresidente y esposa, Rosario Murillo, aprovecharon la reciente ceremonia de presentación de credenciales del nuevo embajador de la Unión Europea, Pelayo Castro, para atacar las sanciones y exigir el pago de la deuda histórica que según ellos España tiene desde los tiempos de la colonización con Nicaragua.
Ortega empezó criticando el reciente nombramiento de Borrell, socialista español, como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.
“Como se puede tener un diálogo con la Unión Europea con alguien como Joseph Borrell”, se preguntó Ortega ante el nuevo embajador europeo y varios diplomáticos de los países miembros. “No tiene el más mínimo tacto. Alguien que parece enloquecido, la forma en que habla, en que despotrica. Increíble, la Unión Europea lo nombró”.
Prosiguió luego a atacar el respaldo de la Unión Europea a la presidencia de Juan Guaidó en Venezuela.
“Increíble, la Unión Europea arrastrada por el gobierno yankee en su enloquecimiento por reconocer a un presidente fantasma”, dijo refiriéndose al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. “Alguien que fue electo para diputado. Quisiéramos saber cuándo, en qué momento, qué día se dio la elección de ese señor. Increíble”.
El nuevo embajador europeo escuchó en silencio y tuvo el cuidado de no mover un músculo de su rostro.
Ortega abogó para que la Unión Europea ofrezca ayuda para el desarrollo de Nicaragua sin imponer condicionamientos políticos. Pero la Unión Europea tiene como política condicionar su ayuda al fortalecimiento de las democracias y el respeto a los derechos humanos.
«Que nos apoyen para que podamos seguir fortaleciendo un proceso que permita poner fin a la pobreza, la pobreza extrema, porque todavía tenemos un reto, que tenemos que culminar la meta, ahí esperamos colaboración de los países de forma incondicional», expresó.
Su esposa fue más lejos aún. La vicepresidente Murillo afirmó que Europa tiene que asumir la deuda histórica que tiene España con Nicaragua desde los tiempos de la colonización. No hay cabida para condicionamientos, según ella.
“Es una deuda histórica que tienen con pueblos que fueron explotados, saqueados por potencias. Que se nos retribuya de todo lo que se han llevado”, afirmó Murillo. “No es cooperación, es justicia. Que nos retribuyan para que tengamos el derecho a un presente y un futuro libre de pobreza”.
Ni Ortega, ni su esposa, asumen ninguna responsabilidad sobre los efectos de la crisis política ocasionada por la violencia del año pasado. Según ellos, toda la responsabilidad la tiene la oposición que “orquestó un golpe de estado, disfrazado de protestas cívicas”.
Ortega se aferra a su versión de lo ocurrido en el país. Los organismos de derechos humanos, locales como internacionales, no aceptan la versión oficial. Y para resolver la crisis, se le pide a Ortega que adelante las elecciones del 2021, a lo cual Ortega se niega. Pretende que la situación política y económica cambie para bien, sin hacer ningún cambio.
Pero el hecho es que la economía nicaraguense está semiparalizada. Sectores económicos que en años anteriores eran pujantes motores, ahora yacen silentes. El turismo y la construcción, casi han desaparecido. Los inversionistas locales buscan como liquidar sus negocios y salir del país. Los inversionistas extranjeros han dejado de llegar o han congelado sus proyectos.
“A mi me da la impresión que las autoridades económicas del gobierno creen que levantar la economía es un tema de decisión política, y es una cuestión de confianza”, explicó el diputado César. “Cuando el pueblo y los inversionistas pierden la confianza, no hay forma de levantar la economía, Lo primero que debe hacerse es recuperar la economía y eso solo se logra convocando al pueblo soberano a nuevas elecciones”.
