Expertos en temas migratorios aconsejaron a los gobiernos locales a tener en consideración los altos costos de implementar ordenanzas locales contra los indocumentados.
La mayoría de las ciudades que pasaron ordenanzas locales anti-migratorias tuvieron que gastar mucho en abogados para defenderse de las demandas presentadas por las organizaciones civiles.
La ley aprobada en Arizona impulsó a muchas pequeñas comunidades a adoptar medidas similares contra los indocumentados. Pero también tuvieron que afrontar elevados costos económicos.
Tal es el caso de Fremont, en Nebraska, que tuvo que subir el impuesto sobre la propiedad para poder afrontar los costos de su defensa legal.
Además, según los analistas que hablaron sobre el tema en Washington, muchas localidades se basan en la falsa creencia de que los indocumentados aumentan el nivel de desempleo, el crimen y desbordan los servicios estatales.
Sin embargo, esto no es así, según los expertos. Y las comunidades que implementan medidas contra los indocumentados también pierden en su reputación.
