Un juez federal en San Francisco, California, escuchará los argumentos de la primera demanda que desafía la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual retiene fondos económicos ciudades que limiten la cooperación con las autoridades de inmigración.
El juez federal William Orrick, programó una audiencia este viernes, sobre la petición de la ciudad San Francisco de bloquear la orden judicial de la administración Trump y cortar los fondos a cualquiera de las llamadas ciudades de santuario.
El condado de Santa Clara, a unos 50 kilómetros al sur de San Francisco, también está pidiendo a Orrick que bloquee la orden del presidente.
El juez ha pedido al condado que haga sus argumentos al mismo tiempo que San Francisco.
La administración Trump aún no ha suspendido ningún financiamiento, pero los dos gobiernos locales dicen que la orden les está dificultando planificar sus presupuestos.
"Tenemos que prepararnos para lo peor", dijo Cindy Chávez, la Supervisora del Condado de Santa Clara.
Orrick, que fue nominado por el presidente Barack Obama en 2012, no emitirá un fallo este mismo viernes.
La orden contra las ciudades santuario, está entre una serie de medidas de inmigración que el presidente Trump firmó en enero, incluyendo la prohibición a los viajeros de siete países musulmanes y una directiva de seguridad fronteriza que pide un muro con México.
Un tribunal federal de apelaciones bloqueó la prohibición de viajar. La administración Trump entonces la revisó, aunque la nueva versión también está estancada en la corte.
La orden que afecta a las ciudades santuario, faculta al procurador General y al secretario de Seguridad Nacional, de no entregar recursos económicos a los gobiernos locales que se nieguen a proveer el estatus migratorio de su comunidad a las autoridades federales.
La orden indica que si no entregan esta información, no son elegibles para subsidios federales, excepto para propósitos policiales.
La orden también ha provocado demandas en Seattle, dos ciudades de Massachusetts, Lawrence y Chelsea, y el Área de la Bahía de San Francisco, exactamente en la Ciudad de Richmond, aunque ninguno de estos casos ha recibido una audiencia judicial aún.
San Francisco, la primera ciudad en impugnar la orden judicial, dice que el presidente no tiene autoridad sobre los fondos federales y no puede forzar a los funcionarios locales a hacer cumplir la ley federal de inmigración.
San Francisco sostiene que la orden también parece aplicarse a los gobiernos locales que no detienen a los inmigrantes para su posible deportación cuando se les debe liberar de la cárcel.
También hizo hincapié en que dicha orden se refería a las subvenciones, no a toda la financiación federal, y era compatible con la autoridad gubernamental existente para revocar o denegar ese dinero.
