Ignorando nuevas amenazas de la Casa Blanca, responsables de ciudades de todo Estados Unidos prometieron intensificar su lucha contra la promesa del presidente, Donald Trump, de perseguir a las llamadas "ciudades santuario" a pesar de los riesgos financieros.
"Vamos a convertirnos en la peor pesadilla de este gobierno", dijo la portavoz del consejo de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, el lunes durante un encuentro de funcionarios municipales de urbes como San Francisco, Seattle, Denver, Chicago y Filadelfia.
Como ocurre en varias ciudades santuario, prometieron seguir bloqueando la cooperación entre los departamentos de policía locales y las autoridades de inmigración federales. Además se comprometieron a evitar que agentes federales accedan a las escuelas y a sus registros, y contemplaron abiertamente emplear los poco utilizados poderes de la ciudad para supervisar y emitir citaciones para investigar prácticas migratorias federales.
El mensaje de desafío de la ciudad de Nueva York chocó con las claras advertencias desde el Ala Oeste de la Casa Blanca, donde el secretario de Justicia, Jeff Sessions, lanzó un aviso directo a los dirigentes que se adhieran a las políticas que ayudan a proteger de la deportación a los inmigrantes en situación irregular en el país.
Estas políticas, dijo Sessions, "ponen en peligro la vida de todos los estadounidenses" y violan la ley federal. La Casa Blanca de Trump podría retener o "retirar" la financiación de cualquier ciudad que "viole a sabiendas" la ley migratoria.
Sessions señaló que el Departamento de Justicia requerirá que las ciudades que quieran acceder a parte de los 4.100 millones de dólares disponibles en ayudas verifiquen que cumplen una sección de la ley federal que permite compartir información con funcionarios de inmigración.
"Insto encarecidamente a los estados de nuestra nación y a la ciudades y condados a considerar cuidadosamente el daño que están haciendo a sus ciudadanos al rechazar implantar nuestras leyes de inmigración, y a repensar esas políticas", agregó.
El debate refleja la visión cada vez más polarizada del país con respecto a la inmigración.
Trump llegó a la presidencia apelando a los votantes blancos de clase obrera en una campaña que hizo hincapié de forma regular en delitos violentos cometidos por inmigrantes que no tienen los permisos necesarios para estar en el país. Sessions utilizó los mismos argumentos desde la Casa Blanca el lunes, citando dos asesinatos recientes cometidos por migrantes a quienes las autoridades locales dejaron en libertad a pesar de estar buscados por agentes federales.
Los líderes de las ciudades insistieron en que esos ejemplos son la excepción, no la norma. Helen Gym, miembro del consejo de la ciudad de Filadelfia, dijo que los inmigrantes que están en el país de firma irregular son parte del "tejido de Estados Unidos".
"No es que los inmigrantes sean peligrosos. Realmente son los corren más peligro", afirmó Gym citando prácticas empresariales y de vivienda que los discriminan.
Durante su encuentro del lunes, los funcionarios compartieron historias de inmigrantes en sus comunidades que fueron aprehendidos por agentes federales en las escuelas de sus hijos y en tribunales en los que comparecían como víctimas de otros delitos. Según Gym, algunos propietarios de viviendas emplearon la dura retórica migratoria de Trump para expulsar a sus inquilinos extranjeros.
Se estima que 11 millones de personas viven en Estados Unidos de forma ilegal. No hay pruebas de que la tasa de delincuencia entre los migrantes sea más alta que entre los estadounidenses nacidos en el país.
Trump ha hecho de la inmigración ilegal una prioridad.
En enero emitió una orden ejecutiva que dispuso que la Secretaría de Seguridad Nacional publique una lista semanal de "acciones delictivas cometidas por extranjeros". La semana pasada, el gobierno reportó más de 200 casos de migrantes que recientemente salieron de cárceles locales antes de que los agentes federales pudieran intervenir.
Lourdes Rosado, que dirige la oficina de derechos civiles de la fiscalía de Nueva York, insiste en que las municipalías tienen el derecho legal a resistirse a lo que describió como extralimitaciones migratorias de la nueva Casa Blanca.
"Sessions hace que parezca que estamos incumpliendo la ley. Pero el asunto es que cooperar o no hacerlo es voluntario", señaló Rosado reconociendo que los estados y ciudades podrían tener que resolver este tema en los tribunales. "¿Vendrán a por ustedes? Quizás".
