La opositora Alianza Cívica (AC) de Nicaragua expresó el viernes su voluntad de reanudar el diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, suspendido desde el pasado 20 de mayo, y abogó por el reingreso de los organismos de derechos humanos internacionales a este país.
La posición de los opositores figura en una carta dirigida a Yolande Yvonne Smith, representante de Grenada y presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en su última asamblea general en Colombia dio a Ortega un plazo de 75 días para cumplir los acuerdos de la pasada negociación y retomar el diálogo.
En su resolución del 28 de junio en Medellín, la OEA decidió “instar a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados”.
“La Alianza Cívica acoge esta resolución como un paso positivo en la búsqueda de una solución a la actual crisis, en el marco de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, destacó la carta de la AC.
“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reitera su voluntad de diálogo”, agregó.
El organismo abandonó la negociación el 20 de mayo, tras la muerte en prisión de un detenido por razones políticas y las demoras en la liberación total de unas 700 personas consideradas reos de conciencia.
Los opositores también apoyaron el llamado de la OEA para el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otros organismos humanitarios, y la formación de una comisión de alto nivel que “realice las gestiones diplomáticas” para una solución pacífica de la crisis.
La AC acusó a Ortega de incumplir varios compromisos de la negociación, como la liberación “de 104 presos políticos de las cárceles y centros de detención gubernamentales” y la anulación definitiva de juicios a más de 600 excarcelados. El último grupo salió de prisión el 11 de junio.
Asimismo denunció la “continuidad de violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones ilegales, tratos inhumanos y degradantes, tortura, acoso a excarcelados y sus familiares, y supresión a la libertad de expresión, asociación, reunión y movilización que persiste en el país”.
Por lo anterior, es “impostergable la solución pacífica y democrática a la actual crisis” y “la puesta en marcha de reformas electorales que permitan reencauzar al país al orden democrático mediante elecciones justas, libres, transparentes y adelantadas”, indicó la AC.
La crisis en Nicaragua se inició con protestas sociales en abril de 2018 y dejó al menos 300 muertos, más de 2.000 heridos, unos 700 detenidos y decenas de miles de exiliados, según datos de la CIDH.
