El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua enfrenta un plazo de 75 días para negociar una salida a la crisis que vive el país.
El plazo, es el tiempo máximo que tiene la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), para entregar un informe sobre la situación de ruptura del orden democrático y la voluntad que tiene el gobierno para buscar una salida negociada a la situación generada desde 18 de abril del año pasado cuando comenzó la represión contra las protestas cívicas.
El exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velázquez, señaló que el plazo persigue el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con la oposición.
“Fundamentalmente para buscar de nuevo, como que los acuerdos a los que se han llegado hasta el momento se cumplan, eso es lo que es fundamental. Acuerdos tenemos, lo que no hay es cumplimiento de esos acuerdos, y como no hay cumplimiento de los acuerdos no se puede seguir avanzando en resolver el problema del país”, explicó el exdiplomático.
El analista advirtió que si el gobierno no tiene voluntad para reanudar un diálogo serio, la resolución plantea que la OEA tomará las medidas que sean necesarias, incluso suspender a Nicaragua del organismo hemisférico.
“Al suspender al país que es lo que sucede, el país queda totalmente aislado y todos los países como ya lo estamos viendo desde Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, van a poner sus sanciones, y eso tiene efecto en el mediano y el largo plazo”, señaló.
En su Asamblea General de Medellín, la OEA decidió el viernes crear una comisión que se encargará de “realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución efectiva y pacifica a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.
En la resolución de este 28 de junio, el organismo interamericano señala que en Nicaragua falta avanzar en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legitimas.
Por su parte, el subprocurador para la defensa de los derechos humanos, Adolfo Jarquín Ortel, tuvo fuertes calificativos contra los solicitantes de la aplicación de la Carta Democrática al gobierno Sandinista.
“Esta gente que anda en Estados Unidos son malos hijos de Nicaragua. Peleles vende patrias. Ese calificativo es enorme para cualquier nicaragüenses que se ve involucrado en este caso”, manifestó el funcionario.
Las negociaciones se estancaron hace seis semanas y falta cumplir el acuerdo de libertades, derechos y garantías y temas como democracia y adelanto de elecciones.
