Silencio total. Eso es lo que guarda el gobierno de Nicaragua tras transcurrir doce días desde que la Organización de los Estados Americanos (OEA) ordenó la creación de una comisión para aportar a una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país; hecho que mantiene preocupados a los sectores opositores, que ya expresaron al organismo regional su voluntad de volver a la mesa de negociación.
Mario Arana integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmó que: “creo que tenemos que preocuparnos del riesgo más sensible que es que se pudiera dar una suspensión de Nicaragua dentro de la OEA, que afecte los flujos de recursos que están para financiar al país”.
Otros que ven con preocupación el silencio gubernamental son los empresarios, quienes tras la crisis sociopolítica encaran una reforma fiscal, una reforma a la seguridad social y alzas desproporcionadas en las tarifas eléctricas. Sergio Maltez presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua aseguró que esperan que el presidente Daniel Ortega no rechace una salida pacífica a la crisis que vive la nación centroamericana.
“El gobierno está viendo una manera de parchar esta crisis económica con todo este tipo de reformas, pero el punto neurálgico de esto es un acuerdo político, porque sin eso no puedes arreglar toda la situación económica del país”, declaró el empresario a la Voz de América.
Por su parte, el integrante de la mesa de negociación por parte del gobierno, el diputado Wilfredo Navarro, apuntó a las razones por las cuales el gobierno aún no se ha pronunciado.
“En primer lugar no puede haber ningún pronunciamiento porque ni siquiera se ha integrado la Comisión de la OEA. La OEA puede decir lo que quiera, pero sus declaraciones no son vinculantes ante un gobierno soberano como Nicaragua”, dijo el parlamentario durante un acto político.
Analistas políticos apuntan a que es urgente la conformación de esta comisión internacional lo más pronto posible.
La OEA aprobó el pasado 28 de junio un proyecto de resolución contra Nicaragua que reitera la sistemática violación del gobierno del presidente Daniel Ortega al orden constitucional y a la vez insta a la reanudación de las negociaciones entre el régimen con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
