Naciones Unidas acusó este miércoles al gobierno venezolano de aplicar "una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones".
"El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados", dijo la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un reporte donde solicita una mayor investigación.
La oficina pidió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que libere a los manifestantes detenidos arbitrariamente y detenga el uso ilegal de tribunales militares para juzgar a civiles.
Se cree que más de 1.000 personas permanecían bajo custodia para el 31 de julio, entre los más de 5.000 arrestados en protestas callejeras desde abril, dijo el reporte. Los detenidos suelen ser sometidos a malos tratos, que en algunos casos documentados equivalen a tortura.
“Descripciones creíbles y consistentes de víctimas y testigos indican que las fuerzas de seguridad utilizaron sistemáticamente la fuerza excesiva para disuadir las manifestaciones, aplastar la disidencia e infundir el temor”, dijo la oficina en un reporte tras unas conclusiones iniciales emitidas el 8 de agosto.
Según el Ministerio Público venezolano, 124 personas murieron durante esas manifestaciones, entre el 1 de abril y el 31 de julio.
Para la ACNUDH, 46 de estos fallecidos eran manifestantes que murieron presuntamente a manos de las "fuerzas de seguridad" y 27, manifestantes abatidos supuestamente por los grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos".
Las organizaciones de la sociedad civil contabilizaron, por su parte, 157 muertos durante el mismo periodo, recuerda el texto.
"Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos", afirmó el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad al-Hussein.
El funcionario advirtió en un comunicado que en medio de la crisis económica y social y las crecientes tensiones políticas, existe un “riesgo serio de que la situación en Venezuela se deteriore aún más”.
"El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos", exigió el Alto Comisionado.
