La fiscal destituida de Venezuela Luisa Ortega Díaz denunció el lunes al gobierno de Nicolás Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuestamente pagar sicarios para intentar matarla.
"Tengo información de que sigue la persecución en mi contra y que el gobierno ha contratado sicarios para matarme", declaró Ortega en conferencia de prensa en San José, Costa Rica, donde la CIDH tiene su sede.
“No puedo regresar, me van a encarcelar, desaparecer, a torturar”, añadió. “Allanaron mi casa dos veces, han perseguido a mi familia”.
Ortega se distanció de Maduro a principios del año, y la Asamblea Constituyente la destituyó poco después de su formación a principios de agosto. Ortega viajó posteriormente a Colombia, en donde se le ofreció asilo político.
El lunes, Ortega declaró que había una “violación sistemática” de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura.
Desde Caracas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, atacó a Costa Rica por recibir la exfiscal y la acusóo de estar acatando órdenes de Estados Unidos
"El gobierno de Costa Rica opta por arrodillarse ante políticas de Washington, agrediendo la democracia venezolana y sus legítimas instituciones. Lamentamos la arrogancia de la cancillería de Costa Rica, que parece imitar la conducta supremacista de sus jefes del Norte", escribió Arreaza en su cuenta en Twitter.
La exfiscal se reunió el lunes por la noche durante una hora con el expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias
La semana pasada, Ortega prometió presentar evidencia que demuestra que Maduro y altos funcionarios del gobierno están involucrados en actos de corrupción, pero hasta ahora no ha entregado pruebas.
"Hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma", aseveró.
Las autoridades venezolanas han rechazado las acusaciones de corrupción
