Al haberse cumplido un año del estado de excepción en El Salvador, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU llamó en un comunicado a que el gobierno de Nayib Bukele proteja la vida de las decenas de miles de detenidos.
“Los Estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, dijo en un comunicado Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado.
En marzo de 2022 Bukele animó a la Asamblea a posibilitar una operación de lucha contra la actividad criminal de las pandillas que llevó al encarcelamiento de unos 65.000 presuntos pandilleros, entre ellos menores de edad y personas sin aparentes vínculos delincuenciales, algunos de los cuales han sido puestos en libertad.
Ante la “información limitada” en la nación centroamericana, la ONU refiere que presuntamente habrían muerto al menos 90 detenidos.
Aunque Hurtado afirmó comprender el duro desafío de enfrentar la violencia de los grupos al margen de la ley, la ONU también instó al gobierno a “hacerlo de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales y gobernanza efectivas son señalados por la ONU como causas fundamentales que deben ser atajadas para evitar la proliferación de la de la delincuencia.
El gobierno de Bukele ha defendido la política de mano dura en la aplicación de la ley, rechazando las críticas de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país, amparado en el alto nivel de aceptación de su gestión, según las encuestas.
“Ahora, un año después, cerramos con 0 homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia”, expresó en un tuit el mandatario el lunes al cumplirse el aniversario de la medida de excepción.
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