Un grupo de trabajo de 12 países advirtió el miércoles en la Organización de Estados Americanos que sigue recibiendo denuncias sobre desapariciones forzadas y secuestros en Nicaragua pese a que el gobierno de Daniel Ortega asegura haber normalizado la situación desde que en abril protestas callejeras sacudieran a la nación centroamericana.
"La situación en Nicaragua continúa generando gran preocupación, con una falta de acceso continua para observadores confiables de derechos humanos, un aumento de la represión sistemática y una retórica cada vez más hostil del gobierno hacia la población de Nicaragua y la comunidad internacional", indicó el tercer reporte del grupo leído por el embajador alterno de Canadá, Francois Jubinville, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA.
"Religiosos y estudiantes son arrestados, amenazados e intimidados de manera sistemática", agregó el documento.
Ortega ha acusado a la iglesia católica de integrar un "golpe de Estado" en contra de su gobierno.
El grupo de trabajo apuntó que si bien ha expresado la intención de realizar una "consulta nacional", el gobierno nicaragüense "aún no ha mostrado la disposición de establecer las condiciones que legítimamente permitan ese proceso" ni tampoco "ha cesado la violencia y la represión contra quienes protestan".
El diálogo nacional que Ortega sostuvo con la oposición y en el que la iglesia fungió de mediadora quedó interrumpido en junio.
Los 12 países denunciaron que Managua continúa negando acceso a un mecanismo especial de seguimiento y un grupo de expertos independientes para Nicaragua instalados en junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De hecho, el gobierno de Nicaragua se negó a recibir en octubre a la presidenta de la CIDH, a pesar de que la jamaiquina Margarette May Macaulay había solicitado anticipadamente reuniones con funcionarios gubernamentales.
El grupo, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, había presentado un panorama similar cuando emitió sus primeros dos informes en septiembre y octubre.
Nicaragua respondió reiterando su postura de desconocer al grupo y cualquier medida emanada de su existencia.
"Denunciamos que el objetivo de este grupo de trabajo es promover el terrorismo económico, político y social contra el pueblo nicaragüense", dijo el embajador alterno Luis Alvarado.
Cancelación de ONGs
La OEA abordó la situación en Nicaragua el mismo día que el gobierno canceló la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, calificó el decreto como "otra maniobra represiva del presidente Daniel Ortega para tratar de encubrir las serias violaciones de derechos humanos que su gobierno ha perpetrado".
El secretario general de la OEA, Luis Almagro se pronunció también sobre la cancelación de la personería jurídica del CENIDH.
El diario La Prensa de Managua, informa que bajo la medida de la Asamblea nicaraguense, tanto al Cenidh y como a Hagamos Democracia se les da un plazo de 15 días para entregar sus sellos y documentos a Gobernación.
"Se ordena proceder a liquidar sus bienes y lo que se obtenga económicamente se destine según sus respectivos estatutos. De no estar claro esa disposición, los bienes pasarán al Estado", indica la información.
Junto la Cenidh, y Hagamos Democracia, también fueron canceladas las personerías jurídicas de las ONG, Centro de Investigaciones de la Salud y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.
El argumento de los oficialistas es que las ONG han servido para promover y financiar un supuesto golpe de Estado, que es como el gobierno califica las protestas sociales que iniciaron en abril por una reforma al seguro social y que fueron reprimidas dejando un saldo de más de 320 personas fallecidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"El Ieepp recibió financiamiento de más de medio millón de dólares de parte de Estados Unidos para sembrar terror en nuestro país con tranques (bloqueos viales) y crear caos", dijo el líder de la bancada oficial, Edwin Castro, al hablar de la cancelación de licencia para el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, cuyo director es el activista Félix Maradiaga, acusado de terrorismo por el sistema penal nicaragüense.
El director de Hagamos Democracia, Luciano García, quien se encuentra en el exilio y también ha sido señalado por terrorismo, dijo que la decisión del Parlamento "es una venganza por promover la democracia y la igualdad entre los nicaragüenses".
Empresarios piden elecciones anticipadas
También el miércoles, empresarios nicaraguenses exigieron al gobierno de Daniel Ortega, poner en libertad a los presos políticos y convocar a elecciones anticipadas y libres.
En una carta al mandatario, compartida en redes sociales, los empresarios reiteraron su posición ya antes expresada, e instaron que se ponga fin a la represión y se regrese al diálogo para buscar una solución política a la crisis.
“A las puertas de la Navidad, Nicaragua no debería tener personas encarceladas por el hecho de ejercer sus derechos fundamentales. Está en sus manos que alcancemos la reconciliación en el país que se base en una verdadera cultura de paz y justicia en donde los resultados sean visibles para todos”, recomiendan los empresarios a Ortega en la misiva.
Las protestas, que comenzaron en abril cuando jubilados y estudiantes salieron a las calles en rechazo a los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega, han dejado más de 300 muertos y cerca de 400 detenidos.
El mandatario dio marcha atrás con la medida pero cuando las manifestaciones continuaron en reclamo de que se adelanten las elecciones presidenciales, Ortega dijo que planea finalizar su mandato en 2021.
El Fondo Monetario Internacional pronosticó en octubre que la inestabilidad política provocará que este año la economía de Nicaragua se contraiga 4%.
