La empresa brasileña Odebrecht, acusada de corrupción en este país y otros de Sudamérica, llevó el martes al Estado ecuatoriano a los tribunales para exigir 185 millones de dólares por concepto de pago de planillas pendientes de la construcción de un poliducto que está parado desde diciembre por problemas internos.
El director regional de Odebrecht, Mauricio Cruz, dijo que “no tenemos ninguna prioridad, ninguna intención este momento para llevar dinero a la matriz en Brasil o para pagar deudas en otros países; queremos pagar las deudas en Ecuador, como impuestos y a proveedores”.
En 2018 el gobierno terminó de forma unilateral el contrato con esa empresa, a la que acusó de incumplimiento de obligaciones en la construcción del poliducto denominado Pascuales-Cuenca, a través del cual se abastece de combustibles el sur del país.
Tal proyecto fue obtenido con el pago de coimas repartidas por Odebrecht, aunque funcionó por poco tiempo porque algunas de sus estructuras, literalmente, están cayéndose.
Cruz argumentó que “peritos expertos en el tema van a definir si hay vicios o errores de construcción o si por ejemplo la responsabilidad es del cliente por una falla de diseño de la ingeniería”.
El procurador judicial de la empresa estatal Petroecuador, Marco Prado, respondió que la obligación de Odebrecht era construir el poliducto y ponerlo en funcionamiento “y lo que tenemos son algunos problemas en la construcción misma (…) por ende hemos cobrado las garantías y hemos terminado la relación contractual”.
En diciembre de 2016 la compañía reconoció haber entregado unos 33,5 millones de dólares a autoridades ecuatorianas por la obtención de millonarios contratos, aunque la Procuraduría más tarde señaló que los sobornos superaron los 50 millones de dólares.
Odebrecht, que construyó grandes obras, especialmente en los últimos diez años, mantiene un acuerdo de cooperación con la fiscalía ecuatoriana para revelar detalles de la corrupción.
